En línea con la ampliación del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea, el Consejo de Ministros ha aprobado una extensión de hasta el 1 de junio de 2022, de los plazos para que autónomos y empresas pidan las Líneas de Avales y puedan beneficiarse de las medidas para reforzar la solvencia incluidas en el Código de Buenas Prácticas suscrito con las entidades financieras en junio de 2021.
Se amplían las ayudas a 2,3 millones
Además, han acordado aumentar el umbral de acumulación de ayudas, que pasará a ser de 1,8 millones de euros a 2,3 millones por beneficiario con carácter general.
Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha modificado el Código de Buenas Prácticas para que las personas que se han visto afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma que tengan suscritos créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) puedan acogerse a la moratoria aprobada por la situación de emergencia establecida en el Real Decreto-ley 20/2021. De esta manera, podrán beneficiarse de un incremento del tiempo de vencimiento de sus préstamos avalados, a pesar de que estén en situación de mora o impago de la financiación o su facturación no haya caído más de un 30% en 2020.
Asimismo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también está de acuerdo en modificar el Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria, y regula el marco de reestructuración de la financiación de clientes con préstamos con aval público, para reforzar las medidas establecidas para que autónomos y empresas puedan continuar con su actividad, manteniendo la estabilidad financiera.
Más plazo para amortizar los préstamos o reducir el principal
De esta manera, el Gobierno ha ampliado hasta el 1 de junio de 2022 el plazo que tienen los autónomos y las empresas para pedir un aumento del periodo de amortización y/o la conversión del préstamo en uno participativo. Además, también amplía hasta el 1 de junio de 2023, la petición de transferencias directas para la reducción del principal.
A este Código de Buenas Prácticas de adscripción voluntaria, se han sumado más de un centenar de entidades financieras, que tienen la opción de informar, en el plazo de un mes, de que no se adhieren a estas modificaciones. En el caso de que las entidades financieras no comuniquen su decisión, se aplicarán automáticamente las nuevas condiciones.
