La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que estas cuentas pretenden "blindar el estado del bienestar", ya que rescatan "derechos maltratados por el anterior gobierno", como dependencia, sanidad o educación.
Asimismo, estos Presupuestos buscan caminar hacia el futuro y "huir del pasado en blanco y negro de la que algunos están teniendo bastante nostalgia" de tiempos anteriores.
Beneficiarán así a jóvenes, quienes cobran el salario mínimo, funcionarios o clase media, ha añadido, al tiempo que blindan derechos y libertades "que se empiezan a cuestionar".
Celaá ha destacado que los presupuestos defienden el diseño de un modelo territorial constitucional, y ha afirmado que se trata de fortalecerlo ya que no son unos presupuestos centralistas sino que abogan por las Comunidades Autónomas. "Buscan el equilibrio, la convivencia y la unión", ha incidido.
Este Presupuesto está elaborado con una meta de déficit del 0,3 % del PIB para la Administración Central y del 0,9 % para la Seguridad Social, dentro del objetivo global para el conjunto de las administraciones del 1,3 % del PIB, que finalmente no ha podido ampliarse al 1,8 % que planteaba el Gobierno por el bloqueo de la mayoría absoluta del PP en el Senado.
El proyecto presupuestario se aprueba con meses de retraso, ya que la ley establece que el texto tiene que entrar en las Cortes antes de que finalice septiembre del ejercicio anterior, con el objetivo de que esté en vigor antes de que comience el año.
