El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2024, que será de 199.120 millones de euros, un 0,5 % más que en este ejercicio y un nuevo máximo histórico.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este techo de gasto es "prudente" y deja margen para "tomar o prorrogar alguna de las medidas" para combatir la inflación, algo que se decidirá antes de final de año.
Además, Montero ha detallado la nueva senda de déficit una vez vista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, lunes. Así, el déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que cierre en el 3,1% este año, será del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026.
La administración central tendrá un déficit del 2,7% en 2024, en favor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán flexibilización con respecto a lo remitido a Bruselas en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, y dispondrán de un déficit de una décima para las autonomías, frente al equilibrio previsto en abril, y equilibrio para las entidades locales, frente al superávit de dos décimas establecido en abril.
Cuenta con un informe jurídico para asegurar la aprobación de los presupuestos
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para después remitirlo todo a las Cortes.
Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno ( no el techo de gasto, que no se vota), que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
En esta ocasión existía la incertidumbre de qué pasará en el Senado, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.
Pero el Gobierno cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que permitirá la tramitación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024, pese al posible bloqueo en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.
En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.
Los objetivos de estabilidad aprobados por Hacienda fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria.
Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
