El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un límite de gasto no financiero para 2023 de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este año, que ya fue un máximo histórico (196.142 millones) por el efecto de los fondos europeos.
Según ha informado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo, el Gobierno ha mantenido la previsión de déficit público del 3,9 % del PIB, una referencia cuyo incumplimiento no implicaría sanciones por parte de la Unión Europea, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas desde el estallido de la pandemia.
Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de las últimas cuentas públicas de esta legislatura, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual, marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.
Actualización de los objetivos de déficit y deuda
Montero ha asegurado que "el nuevo 'techo de gasto' alcanza una cifra récord, aunque ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio y manteniendo el esfuerzo inversor".
Junto a la aprobación del 'techo de gasto', el Gobierno ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. En cuanto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión, al augurar un desajuste del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del Gobierno establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.
Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
