Estas empresas deberán regularizar la situación de sus empleados en el plazo de un mes.
El Ministerio de Trabajo pretende así luchar contra la contratación temporal fraudulenta y el uso irregular de los contratos a tiempo parcial, dos aspectos que "contribuyen de forma determinante a la precarización del mercado laboral".
El plan propuesto por el Gobierno, que se pondrá en marcha a partir de este mes de agosto, consiste básicamente en reeditar las medidas ya aplicadas entre agosto y diciembre del año pasado dado el buen resultado que tuvieron, ya que supuso una recaudación adicional para la Seguridad Social de casi 1.150 millones de euros.
El documento, al que ha tenido acceso el diario El País y que ya está en manos de los agentes sociales, será este miércoles objeto de estudio en la reunión que van a mantener los representantes sindicales, las patronales empresariales y la Inspección de Trabajo.
