El Gobierno elimina el despido por absentismo justificado: "Es el primer paso para desmontar la reforma laboral"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que se trata de proteger a los más débiles porque se impide que los más vulnerables puedan ser despedidos. Además, también ha apuntado que este es el primer paso para ir desmontando la reforma laboral.

"El primer escalón para desmantelar la reforma laboral del PP", según ha dicho la ministra. El artículo 52.D era una "anomalía española en derecho europeo" y una causa de "discriminación". Con su derogación da "seguridad jurídica" a los trabajadores más vulnerables para evitar que sean despedidos cuando están enfermos.

Según ha dicho, había una "alarma social" y ha asegurado que toma la decisión por decreto ley, al margen de la negociación con los agentes sociales porque "la salud está por encima de todo".

"Mandamos un mensaje a nuestra sociedad: a partir de hoy no se va a despedir a nadie teniendo una causa justificada de baja por enfermedad. Reparamos derechos y nos encaminamos a lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente", ha dicho.

Según fuentes sindicales, apenas una docena de personas han sido despedidas por este artículo en España.

El Gobierno deja pendiente para fases posteriores -y ya dentro del diálogo social con los sindicatos- la reestructuración de los convenios, las subcontratas y la simplificación del tipo de contratos para "atajar la temporalidad".

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha anunciado la aprobación de dos nuevos impuestos: la Tasa Google y la Tasa Tobin. Con el de transacciones financieras, el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros y gravará con un 0,2% las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros -las operaciones con acciones de las pequeñas empresas quedarán sin gravar-.

El impuesto sobre determinados servicios digitales gravará con un 3% los ingresos que las grandes multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida cuando se está en línea, cuando se está en Internet.

La ministra dice que "la fiscalidad internacional se debe poner las pilas" ante la nueva realidad económica. Pero el Gobierno ha tenido un baño de realismo porque reconoce que no va a recaudar por estas nuevas tasas lo que estaba previsto inicialmente.

Montero afirma que con la Tasa Google, en vez de 1.200 millones serán 970 millones por la desaceleración económica. Este impuesto se dirige a las empresas digitales de más de 750 millones de euros de facturación en el mundo y de más de tres millones de ingresos en España.

Ante las críticas que llegan desde EEUU, la ministra niega que haya discriminación alguna: "Son límites del impuesto y objetivos que en ningún caso son discriminatorios en función de la nacionalidad o del tipo de empresa. Afectará a todas las empresas que cumplan estos requisitos con independencia de su origen".

La Tasa Google será de carácter trimestral, pero este año no se va a liquidar hasta el 20 de diciembre. Se espera que a final de año, la OCDE presente su proyecto internacional.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la Tasa Financiera. Dice la titular de Hacienda que es de "justicia social". Este impuesto afectará a aquellos que compren en Bolsa acciones de empresas españolas de más de mil millones de capitalización. El intermediario financiero estará gravando con un 0,2% y se abonará anualmente al fisco. El Gobierno espera aquí 850 millones de ingresos.

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