El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprobado un decreto ley para extender el gravamen temporal a las grandes energéticas durante el próximo año. Lo ha hecho introduciendo un incentivo fiscal a las inversiones estratégicas en transición ecológica y descarbonización.
"Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", ha señalado Sánchez en rueda de prensa tras la celebración del último Consejo de Ministros del año.
"Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en que establecemos este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética", ha señalado en referencia a las diferencias que este gravamen ha generado entre los socios de investidura.
La extensión a 2025 es un compromiso del Gobierno con ERC, Bildu y BNG, a la que se oponen PNV y Junts por diversos motivos, entre ellos que se puedan poner en riesgo las inversiones de estas compañías en España.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts.
De hecho, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha criticado este lunes que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es un "paripé" ya que el Gobierno de Pedro Sánchez "sabe que no va salir". De este modo, ha reiterado que por parte de su partido "el voto es no" a una medida que, además, "rompe el sistema de Concierto".
Por eso, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.
