El Gobierno ha calculado que la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas de este año.
Se trata del importe provisional correspondiente a la compensación que el Estado tendrá que abonar a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia, según consta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.
Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que Abertis reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.
Solo recoge las inversiones realizadas
No obstante, el cálculo provisional del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, ya que, en 2017, el Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy acordó no abonar ninguna compensación derivada de la caída del tráfico como consecuencia de la crisis.
Acesa interpuso un recurso contra esta resolución para anular este acuerdo del Gobierno, pero el Tribunal Supremo lo desestimó en junio de 2019. Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que la desestimación de esta demanda supone no tener que abonar ninguna compensación por el descenso del tráfico, siendo más favorable el cálculo para la Administración.
De esta forma, ambas partes dan por terminada la judicialización del asunto, aunque con distinta interpretación. Mientras Abertis sigue calculando para su reclamación los descensos de los tráficos, tal y como acordó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, el Ministerio dirigido ahora por el también socialista José Luis Ábalos se escuda en el acuerdo de 2017 y en la sentencia del Supremo.
Inicio del conflicto
En 2006, la concesión de modificó por real decreto para la construcción de un tercer y cuarto carril dependiendo del tramo de la autopista y la implantación de un sistema de peaje cerrado con el fin de eliminar las barreras troncales y evitar así los atascos que generaba.
El coste de estas obras fue asumido por la empresa, aunque compensado con el peaje recaudado del tráfico adicional que se generase por el aumento de la capacidad de la autopista, algo que no pasó tras el estallido de la crisis en 2008. En caso de que este incremento del tráfico no fuese suficiente, el Estado se comprometió a abonar a la empresa la parte proporcional al vencimiento de la concesión, es decir, en agosto de 2021.
No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.
Con todo ello, y tras las decisiones del Tribunal Supremo que el Ministerio de Transportes considera en su favor, el coste provisional asciende a 1.291 millones de euros, como respuesta a las inversiones realizadas pero no por la compensación del tráfico, algo que el Gobierno no se plantea hacer.
En el Plan de Estabilidad, el Ejecutivo recuerda que este importe se verá compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, Caixabank y al Banco Santander por el almacenamiento subterráneo 'Castor' por 1.454 millones de euros, sin correspondencia en 2021.
