Así se recoge en el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno, han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a un grupo de periodistas.
Según las previsiones con las que trabaja el Gobierno, en el año 2050 estaría prohibida la circulación de todos los turismos que emiten de forma directa dióxido de carbono. La norma que prepara el Ejecutivo incide en la importancia de
promocionar la movilidad "sin emisiones" y en que éste es uno de los cambios más relevantes que se deben acometer durante las próximas décadas para conseguir la completa "descarbonización" de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.
Para ello, el borrador de la ley que prepara el Gobierno fija como objetivo alcanzar, en el año 2050, un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y plantea que a partir de 2040 ya no se permitirá la matriculación y venta de ese tipo de turismos.
La ley establecerá además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que contar con "zonas de bajas emisiones" antes del año 2023. Respecto al transporte por carretera, el Gobierno tiene previsto elaborar un estudio sobre el establecimiento de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras.
La norma sobre cambio climático y transición energética que prepara el Gobierno prevé además fijar como obligatorio la instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos y en función de su volumen de ventas.
La propuesta del Gobierno, según han explicado fuentes del Miteco, es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040, según la misma fuente, que ha precisado que los países Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.