El Consejo de Ministros aprobó el 15 de diciembre de 2020 el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, en la que su disposición final segunda ha generado un gran debate al incluir una modificación en la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que fija un supuesto por el que las víctimas de accidentes de tráfico tendrían que tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras.
Este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertaba de que el Gobierno pretendía "recaudar impuestos con las indemnizaciones" de las víctimas de siniestros viales. Así lo advertía la entidad, que informaba de que ya había enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña, manifestando su "más radical oposición" a una proposición de reforma legal referida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La figura del "tercero neutral"
El texto, que fue firmado por el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recoge la modificación del artículo 7.d de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que mantienen exentas de tributar las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, incluidas las derivadas de contratos de seguro de accidentes, se incluye el matiz de que en los casos en los que la indemnización sea resultado de un acuerdo amistoso entre las partes se requerirá que haya intervenido "un tercero neutral y el acuerdo se haya elevado a escritura pública".
"Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves"
ANAVA-RC ha solicitado una reunión urgente con representantes del Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional. "Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves", ha asegurado la asociación que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.
En un comunicado, ANAVA-RC trasladaba su "preocupación" por la redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Esta asociación, que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector, ha criticado que el Gobierno quiera realizar la modificación "de forma escondida".
"No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente", apunta Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
El Ministerio de Justicia se abre a modificar la norma
El Ministerio de Justicia está valorando distintas observaciones y está abierto a estudiar modificaciones en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia después de que este jueves la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) alertara de que en la disposición final segunda de esa norma se incluye una modificación en el IRPF que supondría un grave impacto para los perjudicados por ese tipo de accidentes al gravar las indemnizaciones.
Fuentes del departamento dirigido por la ministra Pilar Llop indican que desde el Ministerio y el Gobierno ya estudian las observaciones realizadas al respecto, recuerdan que siempre se apoya a las víctimas, y advierten de que actualmente ese anteproyecto está en la fase prelegislativa. Indican que una vez llegue a las Cortes se buscará el máximo acuerdo y consenso con el resto de fuerzas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y en este caso de los familiares de las víctimas de los accidentes de tráfico. "Para nosotros es necesaria y obligada la reparación y en eso estamos trabajando", advierten esas mismas fuentes.
Recuerdan asimismo que de momento el Anteproyecto de eficiencia procesal está siendo analizado por el Consejo de Estado, y que se sigue dando audiencia a todos los sectores de la sociedad civil afectados por la reforma. En este sentido, apuntan que se estudiará con detenimiento la cuestión ante la preocupación de las víctimas de accidentes por ser ésta una de las cuestiones prioritarias establecidas por la ministra.
La indemnización "nunca ha sido un incremento patrimonial"
Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha destacado que, desde el punto de vista fiscal, "las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente".
Además, ha avisado de que al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos "lo que generaría es un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia".
