El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto en el que se fijan los principales criterios y normas por los que deberán regirse a partir de ahora en nuestro país los creadores de contenidos, también conocidos como “influencers”. El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha explicado que la realidad que vivimos, actualmente, hace imprescindible definir lo que se entiende por influencers, sobre todo de cara a establecer un terreno de juego que sea equitativo con otros actores que en estos momentos ya estaban sometidos a una regulación en el sector audiovisual.
Se trata de una norma, que ha sido trabajada directamente con los propios creadores de contenidos, que fija a partir de ahora tres criterios que deberán cumplir y que afectan a sus ingresos, a su actividad en la red y al número de seguidores. Así, deberán cumplir con parte de las obligaciones que impone actualmente la Ley de Comunicación Audiovisual, aprobada en julio de 2022, aquellos creadores de contenido, por ejemplo, que ganen más de 300.000 euros al año y que tengan más de un millón de seguidores en una única plataforma, o dos millones de seguidores en el global de su actividad.
Una ley pensada para la protección de los menores
Todos los “influencers” que cumplan estos criterios deberán estar inscritos, en el plazo de dos meses, en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios, y a partir de este momento tendrán que cumplir con la normativa en materia de protección de menores.
Y es que la nueva norma establece unas obligaciones relevantes en el ámbito de la protección de los menores: los “influencers” tendrán que etiquetar los contenidos que lanzan en sus redes sociales desde el punto de vista de la edad a la que están dirigidos estos contenidos. Además, en el ámbito estrictamente publicitario, estarán obligados a identificar y etiquetar el contenido publicitario especificando que se trata de un contenido comercial. Eso comporta además, que no podrán hacer publicidad de tabaco, alcohol o medicamentos, ni tampoco anuncios que pudieran generar un perjuicio psicológico a los menores.
