La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que "por supuesto" el Gobierno español seguirá adelante con el impuesto "temporal y extraordinario" a la banca, pese al dictamen no vinculante emitido por el Banco Central Europeo (BCE).
En declaraciones a la prensa en Londres, donde hoy ser reunía con inversores internacionales, Calviño ha juzgado que "los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes", y ha recordado que "la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así".
Confía en que el texto se mejore ahora en el Parlamento
Calviño ha dicho que el proyecto "está pasando su tramitación parlamentaria. Se introducirá ahora la presentación de las correspondientes enmiendas y (...) se incorporarán aquellas que consideremos que son más apropiadas y que puedan mejorar el funcionamiento de este impuesto, que espero que entre en vigor lo antes posible".
La vicepresidenta defendió que "no ha sido una gran sorpresa" recibir el dictamen del BCE, que "pone sobre la mesa las cuestiones que se plantean cuando se va a poner en marcha este tipo de gravámenes, en España o cualquier otro país".
Por esa razón, añadió, el Gobierno español ya había tenido en cuenta al diseñar su plan los aspectos suscitados por ese organismo, que le aconseja que analice "exhaustivamente" las consecuencias que podría tener el gravamen para la solvencia de las entidades y su capacidad para dar créditos.
Los beneficios extraordinarios de los bancos permitirán que no se repercuta en los ciudadanos
Calviño ha señalado que "no hay que perder de vista que las grandes entidades financieras españolas están en estos mismos días anunciando unos enormes beneficios, que explican la justicia y la adecuación de tener este gravamen temporal y extraordinario que garantice un reparto justo del impacto de la guerra".
Estos beneficios y los altos ratios de solvencia y liquidez de los que gozan los bancos españoles en la actualidad hacen que la tasa "no tenga por qué poner en riesgo en absoluto ni la transmisión de la política monetaria ni la concesión de crédito por parte de las entidades financieras ni el buen funcionamiento del sistema financiero".
Según la máxima responsable de la política económica del Ejecutivo, la proposición de ley incorpora un mecanismo por el que tanto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia como el Banco de España vigilan que no se produzca la traslación del impuesto a los clientes.
