Bajo el lema 'la vivienda es un derecho, no un negocio' y 'Se acabó. Bajemos los alquileres' comenzaba a las 12.00 del mediodía una masiva manifestación que recorría las calles de Madrid en protesta por los precios desorbitados de los alquileres y para exigir el derecho a una vivienda digna.
Convocada por 40 colectivos, con el Sindicato Inquilinas e Inquilinos de Madrid a la cabeza, la protesta partía de Atocha con destino Gran Vía. Los manifestantes piden la bajada inmediata de los alquileres y exigen la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Los datos son alarmantes: el precio del alquiler en Madrid subió un 18,5% el pasado mes de agosto y el metro cuadrado cuesta ya 20,3 euros, mientras que en agosto de 2023 su precio era de 16,90 euros. Se trata de la mayor subida de precios desde 2017, según el portal inmobiliario 'Fotocasa'.
En este contexto, las personas que han acudido este domingo a la manifestación en la capital madrileña denuncian las políticas de vivienda que solo favorecen el lucro y la especulación. Una situación que se torna ya insostenible.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha amenazado con una huelga de alquileres y ha advertido que no habrá "policía ni matones suficientes" para frenar a todas las personas que han acudido a la movilización con este propósito.
En qué consiste la huelga de alquileres
La huelga de alquileres consiste en que los inquilinos dejen de pagar la renta a los propietarios hasta que bajen los precios. En este caso, según expresa Racu, el objetivo es una rebaja de los alquileres del 50%. Para ello, piden que la acción se repita en todos los barrios de España comenzando a organizarse desde este lunes, 14 de octubre.
En nuestro país hay precedentes de este tipo de huelga. En agosto de 1931, con una crisis de vivienda similar a la actual, más de 90.000 familias de Barcelona dejaron de pagar sus alquileres con el propósito de conseguir una rebaja en el precio del 40%. Esto se producía en un escenario en el que la ciudad había pasado de 600.000 habitantes a más de un millón, tras la llegada de inmigrantes andaluces, extremeños o murcianos que buscaban un empleo y un techo tras el impacto de la crisis económica del 29.
La iniciativa tuvo entonces una gran acogida y dos de cada tres familias trabajadoras se sumaron a la reivindicación.
Posibles consecuencias legales
En España el derecho a la huelga de alquileres no existe, ya que la Constitución solo recoge el derecho a la huelga por motivos laborales. Así, las consecuencias para los inquilinos podrían ser civiles, no penales, como reclamaciones judiciales por parte del propietario o desahucios.
No obstante, desde el sindicato reivindican una estrategia de desobediencia civil: "Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Pero si diez mil inquilinas nos organizamos para no pagar, el problema lo tienen los caseros y los gobiernos que les sostienen", defienden.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha aprovechado la atención mediática para hacer un llamamiento a la acción ciudadana: "A las personas que viven de alquiler en Madrid, deciros que miréis las imágenes de hoy, que somos miles".
Los organizadores afirman estar en busca de "un movimiento social más amplio y duradero en el tiempo" para conseguir bajar los precios de los alquileres.
