La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera que existe una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública, a quien se reconoce indemnización por cese de la actividad laboral, y el funcionario interino, al que se la niega en razón de su condición.
El juez concede así las pretensiones formuladas por el profesor en su demanda, en la que reclamaba una indemnización de 20 días por año trabajado por el periodo comprendido entre 13 de octubre de 2015 y 14 de septiembre de 2016.
Al respecto, explica que la "mera temporalidad" de la relación contractual no excluye el derecho a ser indemnizado al contradecir el principio de igualdad de la directiva europea, razón por la que afea la conducta de la consejería gallega de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, que "no da satisfacción a una exigencia".
De esta forma, invoca la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado septiembre reconoció la igualdad de trato entre ambas figuras al sostener que este concepto ha de ser incluido siempre entre las condiciones que un empresario "está obligado a abonar a un trabajador por razón de la finalización de un contrato de duración determinada".
A través de un comunicado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF), valora de forma positiva el fallo del juez, que sólo podrá ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, lo califica de "pionero" pues, hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones -contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores- pero no de los aproximadamente 250.000 funcionarios interinos, que por razones de seguridad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes o realizar sustituciones.
Para CSIF, la sentencia "abre la puerta a miles de reclamaciones de profesores interinos cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre", coincidiendo con el comienzo del curso escolar.
Según las estimaciones del sindicato, cerca de 51.500 profesores fueron cesados el pasado junio, la cifra más alta de los últimos nueve años.
Por ello, celebra el criterio del magistrado, que pone de manifiesto "la necesidad de abordar de manera inmediata el proceso de estabilización del empleo público" con el fin de evitar la saturación de los juzgados.