El partido de Carlas Puigdemont ya ha mostrado cuál es su próximo objetivo tras pactar con el gobierno el decreto ómnibus que fue aprobado, la semana pasada, en el Congreso: quiere cambiar la legislación penal y civil para poder recuperar una propiedad 'okupada' en un plazo de 48 horas. Junts Per Catalunya ha anunciado hoy que estas modificaciones se van a hacer a través de una proposición de ley, como ha confirmado su Secretario General, Jordi Turull, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras.
Las okupaciones generan "alarma social"
Jordi Turul asegura que las okupaciones generan "alarma social" y crean "problemas de convivencia" y lamenta que a algunas fuerzas políticas "parece que les caen mejor los okupas que los propietarios". También considera que hay gente que "muy maliciosamente mezcla debates, vinculando vulnerabilidad y okupaciones". En este sentido, ve bastante probable que la proposición de ley no sólo se tramite sino es que, incluso, salga adelante con el "apoyo mayoritario" del Congreso.
Miriam Nogueras sostiene que entre 2022 y 2023 hubo 9.500 'okupaciones', una cifra que en 2024 superó las 10.000.
Podemos quiere ilegalizar a las empresas de 'desokupación'
En paralelo y a la espera de que se tramite el proyecto de ley de Junts, el Congreso va a debatir este martes la iniciativa de Podemos para ilegalizar a las empresas de "desokupación" de viviendas y tipificar su actividad como delito de odio. El debate se producirá en el seno de la Comisión de Vivienda de la cámara baja y la portavoz de Podemos, Ione Belarra, será la encargada de defender una iniciativa que pretende evidenciar que este tipo de empresas son en realidad "grupos paramilitares y fascistas que emplean la violencia y el acoso para expulsar ilegalmente a familias que residen de manera legal en sus viviendas".
Podemos afirma que el número de 'okupaciones' lleva dos años cayendo y afecta sólo al 0,057% de las viviendas existentes, según los datos del Ministerio de Interior, con 15.289 inmuebles de un total de más de 26 millones de casas en todo el país.
