Era junio de 2020 cuando nació el IMV. Una prestación diseñada por el ya exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, y pensada para reducir la pobreza severa un 60% con un coste anual aproximado de 3.000 millones de euros. Estábamos en plena pandemia y la administración funcionaba al ralentí; con escasa o nula atención presencial y un caos descomunal en las gestión telemáticas. Podemos decir que, desde entonces, el IMV no ha levantado cabeza.
Superados ya los dos años desde su aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados, la Fundación Alternativas ha organizado un seminario para analizar cómo está funcionando la prestación, con sus pros y sus contras. Todos los expertos participantes coinciden en el diagnóstico de base; el Ingreso Mínimo Vital es un instrumento imprescindible en la lucha contra la pobreza severa que tiene todavía mucho margen de mejora.
El IMV no llega a los que lo necesitan
El principal problema de la prestación, según apunta Luis Ayala, Catedrático de Economía Aplicad de la UNED, es “de adecuación y cobertura” porque en la actualidad solo el 47% de las personas en situación de vulnerabilidad tiene acceso a esta renta mínima. El último dato del Gobierno señala que 690.214 hogares en nuestro país han recibido esta ayuda, dando cobertura a 2.013.439 personas. En un 68% de los casos, con al menos un menor formando parte de la unidad familiar.
Pero esta cifra se ofrece de forma acumulada, es decir, que revela cuánta gente se ha beneficiado de la ayuda desde que existe la prestación. En la práctica, unos 300.000 hogares estarían recibiéndola en la actualidad, aunque el ministerio de Inclusión se resiste a ofrecer la cifra actualizada.
Una ayuda atrapada en el laberinto burocrático
Durante el seminario, la Secretaria de Estado de Inclusión, Milagros PANIAGUA ha defendido que el IMV es una prestación que “sirve como suelo y unifica por abajo” las prestaciones autonómicas existentes. Y lo cierto es que, salvo contadas excepciones como la del País Vasco, muchas CCAA han optado por absorber el IMV suprimiendo su propia renta mínima y mejorando, con la ayuda estatal, la protección de quienes la solicitan. Aunque para eso deben llegar a percibirla y el cuello de botella es evidente.
Las organizaciones sociales que actúan como intermediarias entre los solicitantes y la administración describen una situación de caos e inquietud vital para familias que, recuerdan, viven en situación de “extrema vulnerabilidad” y tiene que afrontar escenarios estrambóticos; familias que pierden la ayuda por tener un bebé, beneficiaros que acaban asumiendo deudas muy elevadas por cobros indebidos, incertidumbre a la hora de notificar un cambio de empadronamiento, la obtención de un puesto de trabajo temporal o una modificación en la composición de la unidad de convivencia.
Cualquier alteración de la situación personal debe ser inmediatamente notificada y prácticamente invalida los expedientes, que quedan paralizados con la consiguiente suspensión de la prestación y generando “incertidumbre e indefensión” en las personas, como relata Raúl Izquierdo, director del área de Alojamientos de Realidades para la Integración Social. Ana ABRIL, coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de Cáritas, apunta que “las personas se quedan a oscuras” y sobre todo pierden el único ingreso que entraba en su casa. Con suerte, mucha ayuda y un abogado con experiencia en el IMV, un juez reconocerá, un año después, que tenía derecho a esa ayuda.
Y vuelta… a empezar.
