El Gobierno aprueba una nueva normativa para impulsar la creación de empresas y su crecimiento. Entre alguna de sus novedades, rebaja el capital inicial necesario para registrar una Sociedad de Responsabilidad Limitada desde los 3.000 euros al euro testimonial y da luz verde a que España se alinee con la mayoría de países de la UE en materia de emprendimiento.
Una de las medidas más llamativas es reducir el mínimo de capital social exigido de 3.000 euros a 1 euro. Tal y como ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la clave de esta ley es "mejorar el clima de negocios, reforzar el tejido productivo y atraer inversión y talento".
"España reduce los costes económicos de crear una empresa y alinea el marco legislativo al de los países más avanzados"
Requisito de un euro y veto a empresas con deudas
Del mismo modo y con el objetivo de luchar contra la morosidad, las empresas que no cumplan los plazos de pago no podrán ser beneficiarias o entidades de colaboradoras de subvenciones públicas, lo que incluye a los fondos europeos covid.
Se enmarca en el Componente 13 de 'Impulso a la Pyme', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con el que se pretende mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, facilitar la creación y el crecimiento de empresas, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización, atraer talento y capital y reducir incentivos a crear empresas en otros países.
Creación de empresas de forma telemática para reducir plazos
También se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales, según ha destacado Calviño.
Del mismo modo, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.
Esto permitirá, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.
"El objetivo es mejorar el clima de negocios, reforzar el tejido productivo y atraer inversión y talento"
Obligación de expedir factura electrónica
Se creará en el plazo de seis meses un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. De forma adicional, el anteproyecto de Ley mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
Así, se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
