El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una "gran empresa pública" para construir y gestionar viviendas, una medida que busca paliar la dificultad de acceder a un hogar asequible en España. Este anuncio, aunque ambicioso, enfrenta serios desafíos que van desde el marco legal y político hasta las competencias territoriales y el manejo del patrimonio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB).
Un problema de base: la Ley del Suelo
Uno de los principales obstáculos que enfrenta este proyecto es la reforma de la Ley del Suelo, que sigue bloqueada en el Parlamento por falta de apoyos. Esta legislación es clave para facilitar y agilizar el desarrollo de proyectos urbanísticos y la concesión de licencias para vivienda pública.
Los socialistas han propuesto varias medidas para sortear este escollo, entre ellas:
- Incentivos fiscales para la construcción de obra nueva y rehabilitación de edificios destinados a vivienda asequible.
- Habilitación de suelos dotacionales, con el objetivo de priorizar terrenos públicos para proyectos de alquiler social.
- Financiación del ICO y una mayor colaboración público-privada para financiar estas iniciativas.
Sin embargo, estas propuestas dependen de una reforma legislativa que no cuenta con el consenso necesario en el Parlamento, lo que ralentiza la puesta en marcha de los proyectos.
Las competencias autonómicas
En España, las competencias en materia de vivienda están transferidas a las Comunidades Autónomas, lo que complica la implementación de políticas homogéneas a nivel nacional. Esto ha generado un enfrentamiento abierto entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), que, según los socialistas, bloquean la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda aprobada este año.
Sin la colaboración de las autonomías, la capacidad del Ejecutivo central para construir y gestionar viviendas se verá limitada.
El papel de la SAREB: ¿oportunidad o conflicto?
Otro eje central del debate es el destino de la SAREB, conocida como el "banco malo", creada para gestionar activos tóxicos tras la crisis financiera de 2008. Actualmente, el Estado controla el 50% de su accionariado, mientras que el resto está en manos de bancos y entidades privadas.
El patrimonio de la SAREB incluye viviendas, muchas de las cuales están ocupadas irregularmente. La mayoría están desigualmente en el territorio, concentradas en comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia.
La venta de Árqura Homes, la promotora inmobiliaria de la SAREB, es un asunto controvertido. Con suelo para unas 16.000 casas, valorado en 800 millones de euros, hay debate. Mientras que el Gobierno estudia esta posibilidad, Sumar rechaza la venta y aboga por convertir este parque inmobiliario en vivienda pública. Además, se discute si la SAREB podría evolucionar hacia una agencia pública de gestión de alquiler asequible, dada su experiencia en este ámbito. Sin embargo, la transición de la SAREB a un modelo público plantea desafíos financieros y legales, especialmente en relación con los intereses privados que aún forman parte de su accionariado.
Con la Ley del Suelo bloqueada, competencias fragmentadas y un debate abierto sobre el uso del patrimonio de la SAREB, el camino hacia una política de vivienda eficaz y progresista se perfila como uno de los retos más complejos del Gobierno de Sánchez.
