Los conflictos bancarios, de seguros o inversión financiera deberán resolverse como máximo en tres meses. Las reclamaciones serán gratuitas y las decisiones de la nueva autoridad serán vinculantes cuando se trate de importes inferiores a 20.000 euros en el caso de conducta y en materia de cláusulas abusivas.
La autoridad informará en su página web cómo reclamar y facilitará la ayuda personalizada que se necesite. Las reclamaciones deben ser preferentemente a través de un escrito presentado por medios electrónicos.
Centraliza en un solo organismo las reclamaciones que hasta ahora se presentaban ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El nuevo texto incluye modificaciones como la desaparición de la polémica tasa de financiación de 250 euros a los bancos y aseguradoras por cada denuncia en contra. El pago será en función de las quejas presentadas, con una penalización mayor en función de las que salgan en su contra. El 60% de los gastos de la autoridad se calcularán en función de las resoluciones favorables al reclamante, el otro 40% de los costes se repartirá según las reclamaciones de cada entidad, penalizando a las que tengan peores resultados.
Mejora el régimen de acceso a las cuentas de pago básicas
También mejora el régimen de acceso a las cuentas de pago básicas, a las que podrán acceder los inmigrantes y colectivos más excluidos en términos financieros.
España vivió un periodo de numerosas reclamaciones al sistema financiero durante la gran recesión por las cláusulas suelo que impedían la bajada de los tipos de interés en los créditos hipotecarios o por las acciones preferentes de las cajas de ahorro. Litigios que terminaron en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Multas por mala fe
Entre las novedades pactadas por los diferentes grupos, figura la interposición de multas si se observa mala fe a la hora de poner una reclamación. Las sanciones a los clientes pueden ir de 50 a 250 euros. Si hay reincidencia, podría llegar hasta 1.000 euros.
El gobierno cree que el nuevo organismo reducirá la conflictividad y la litigiosidad en los tribunales. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés habla de paso definitivo para resolver las reclamaciones sobre productos financieros, hipotecas o seguros de manera gratuita, rápida y vinculante para las entidades financieras.
El PP critica la rapidez de la tramitación de un gobierno que está acostumbrado a hacer "leyes como churros". El portavoz popular Miguel Ángel Castellón, habla de un "mamotreto administrativo" que necesitara como mínimo 300 funcionarios para empezar a trabajar, algo que pagaremos entre todos los consumidores.
