El portavoz de USCA, Daniel Zamit, niega que fuera una huelga salvaje y culpa del caos al gobierno de Rodríguez Zapatero, que declaró el estado de alarma, cerró el espacio aéreo y militarizó el servicio. Dice que esto es un juicio político, "creemos que es un juicio más político que un juicio jurídico y por tanto, es muy complicado invertir la carga de la prueba. Demostrar nuestra inocencia es complicado porque no nos van a probar la culpabilidad, nos van hacer demostrar nuestra inocencia".
Aquella huelga sólo se solventó cuando el Gobierno acordó el traslado de efectivos militares a los cuatro centros de control claves de España: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias, para garantizar el funcionamiento del espacio aéreo.
En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid que se dará a conocer en el juicio. El resto se enfrenta a cuantiosas multas, de entre 75.000 y 60.000 euros, por abandonar de forma colectiva sus funciones para forzar una negociación laboral.
Su huelga provocó el cierre del espacio aéreo durante cerca de veinte horas, afectando a más de 5.000 vuelos y 700.000 pasajeros.
En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".
También reclama una indemnización conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.
