En España hay algo más de dos cotizantes por pensionista. En concreto, la ratio media se sitúa en 2,4, un dato por encima de la media registrada entre 2011 y 2020, un 2,3. Según el Gobierno, es gracias a la creación de empleo y a que el sistema funciona como "una caja única", porque el Estado es el encargado de gestionar todos los cobros y pagos, independientemente de dónde residan los cotizantes y los pensionistas.
La mayoría de expertos coinciden en que si hubiera menos de dos cotizantes por pensionista, el sistema sería insostenible. De hecho, en muchos lugares los pensionistas no residen en la misma localidad donde cotizaron ni los cotizantes son del lugar donde trabajan.
Diferencias geográficas
Hay grandes diferencias entre municipios de la costa mediterránea, Baleares, Canarias y Andalucía con respecto a la cornisa cantábrica, Galicia o la mayor parte de Castilla y León. De hecho, en 30 provincias españolas (más de la mitad del total) hay menos de dos cotizantes por pensión.
Las cinco provincias que más problemas tendrían para financiar sus pensiones si las competencias fueran autonómicas serían: Ourense, con solo un afiliado por pensión; Lugo, 1,1 cotizante por pensionista; León y Zamora, ambos con 1,2 cotizantes y Asturias, 1,3. Además, en esta última es donde se pagan las pensiones más altas junto con el País Vasco por el efecto de la minería.
En los municipios de más de 10.000 habitantes, la localidad con más problemas de financiación es Badia del Vallès (Barcelona). Una zona de viviendas de extrarradio con poco más de 13.000 habitantes de los cuales solo 1.000 están afiliados a la Seguridad Social y 3.500 son pensionistas. Esto se debe a que la mayoría de los residentes con empleo, trabajan fuera del municipio y por eso la ratio es tan baja (0,3 personas que cotizan por pensión).
Hay localidades por encima de la media porque concentran muchos trabajadores
En el lado contrario, se encuentran localidades que apenas tienen población, pero gracias a la presencia de grandes factorías o núcleos industriales, la ratio es más elevada.
Es el caso de Figueruelas (Zaragoza), donde apenas viven 1.200 personas, de las cuales 275 son pensionistas, pero hay más de 6.300 cotizantes. Esto se debe a que aquí se encuentra la fábrica Stellantis, que genera 5.000 trabajadores directos y otros tanto indirectos. Por eso, la ratio de pensión en este municipio es de 23 afiliados a la Seguridad Social por cada pensión que se paga en el municipio.
Lo mismo ocurre en Zamudio (Bilbao) por el parque tecnológico que hay. Aunque apenas viven 3.200 personas en el municipio, cotizan 15.500 personas y se pagan 900 pensiones, por lo que la ratio es de 17 cotizantes por pensión.
El municipio en el que la ratio es más alta es Quer (Guadalajara), con 25,7 cotizantes por cada pensionista, gracias a la expansión del sector logístico en la zona.
En el lado opuesto, se encuentra el pueblo de A Coruña, Oza-Cesura, donde residen más de 1800 pensionistas, pero solo hay un cotizante por cada pensión.
Lo mismo pasa en el municipio La Losa, con una ratio de 0,86, porque en la localidad residen 86 cotizantes y se abonan 102 pensiones.
Esto se explica porque muchas personas no cobran la pensión en el lugar donde han cotizado para generarla.
Las pensiones están blindadas por la Constitución
Estos datos reflejan que si las pensiones fueran competencia de las Comunidades Autónomas, el sistema sería insostenible. Por ello, la Constitución blinda la caja única de las pensiones en su artículo 41: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente, en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.
A pesar de ello, comunidades como el País Vasco y Cataluña han reclamado parte de esas competencias. De hecho, en el acuerdo de investidura de noviembre de 2023 entre PSOE y PNV, el Ejecutivo recogió el compromiso para para transferir en el “plazo improrrogable” de dos años todas las competencias pendientes, entre las que figura el régimen económico de la Seguridad Social.
