Bruselas ha amenazado al Gobierno de coalición PSOE- Unidas Podemos con aplicar la máxima penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. Esta debe cumplir con los criterios de sostenibilidad de la Comisión Europea a los que se comprometió cuando solicitó el dinero de los fondos Next Generation EU.
La primera parte de la reforma de las pensiones ya se ha llevado a cabo. Desde el pasado mes de enero, las pensiones están ligadas a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) para evitar que los jubilados pierdan poder adquisitivo. En concreto, este año han subido un 8% y se ha terminado con la conocida como "paguilla de enero" que estaba pensada para compensar la inflación.
Sin embargo, todavía queda la segunda parte de la reforma de las pensiones en la que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá está trabajando. Estas son las dos medidas que faltan por aprobar:
Incremento de la pensión máxima
Una de las medidas que se están estudiando es el aumento progresivo de la pensión máxima. La intención es que las personas que tengan las rentas más elevadas contribuyan más a la Seguridad Social.
Actualmente, la base máxima de cotización en la Seguridad Social es de 4.139,40 euros. Esto supone que todas las personas que ganen más de este dinero coticen todos igual.
Según explicó José Luis Escrivá durante una entrevista en Espejo Público en el mes de septiembre, si este tope desaparece "de forma gradual, se aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales".
Aumento del periodo de cálculo
Por otro lado, el titular de Inclusión y Seguridad Social pretende "adecuar a la realidad" el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora. Este se determina a través de los años cotizados y los pagos a la Seguridad Social durante la vida laboral.
El mínimo actual que se requiere para poder recibir una pensión de jubilación son 15 años. Sin embargo, para ingresarla en la edad real de jubilación se necesita alcanzar los 25 años.
Aunque en un principio Escrivá quería aumentarlo hasta los 35 años en 2023, finalmente se descarto a causa del impacto negativo que tendría en las pensiones. Pero el ministro aboga por realizar un cambio, como por ejemplo, elegir los años que más convengan en cada uno de los casos, sin tener en cuenta los peores años de trabajo.
