El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que ha abierto una investigación para perseguir la publicidad de los pisos turísticos que no cuentan con una licencia para poder ejercer dicha actividad. Consideran que pueden existir potenciales prácticas comerciales desleales que pueden generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generaliza.
Por eso, después de haber recibido información de las diferentes autoridades económicas y locales, que son las que tienen competencias sobre esta materia, en la que denuncian la existencia de un número significativo de viviendas turísticas, que a día de hoy, estarían operando sin licencia, el Ministerio opta por abrir una investigación con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.
Los siguientes pasos que dará la Dirección General de Consumo pasan por enviar requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para poder obtener la información necesaria que permita determinar si todos los alojamientos que se anuncian en estos espacios cuentan con las pertinentes licencias.
A partir de ahí, y una vez obtenida esta información, la Dirección General de Consumo estudiará si existe la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas, que podrían derivar en multas de 100.000 euros, una cantidad que se podría ver sobrepasada y se podría llegar a sancionar hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido del alquiler de una vivienda turística. Los expedientes que se deriven de esta investigación deberán resolverse en un plazo de nueve meses.
La fórmula para conjugar el binomio: economía y derecho a la vivienda
El turismo representa en nuestra economía ya cerca de un 13% del PIB. Un sector en crecimiento que dejó el año pasado 85 millones de visitas internacionales y que va camino de dinamitar todos los récords este 2024. De entrada, en los cuatro primeros meses del año han visitado nuestro país cerca de 24 millones de turistas, es un 14,5% más respecto a hace un año.
Es un sector económico en crecimiento, del que dependen muchos trabajos y en el que se genera un volumen de negocio muy importante. De ahí, que cada vez más proliferen las opciones de alojamiento para estos turistas extranjeros o para los propios nacionales. El último informe elaborado por EXCELTUR, la patronal del turismo, en este mismo mes de abril pone de relieve la fuerte aceleración en el crecimiento en la oferta de viviendas turísticas durante el primer trimestre de 2024, que ha llevado a nuestro país a situarse por encima de los niveles máximos registrados entre 2019 y 2020.
Así, dicho informe pone el énfasis en señalar que se ha detectado un mayor crecimiento de la oferta de este tipo de viviendas en aquellas ciudades en las que no existe una regulación como tal, de dicho fenómeno, a la vez que no disponen de los instrumentos de control e inspección necesarios para frenar la oferta ilegal.
Entre las ciudades entre las que se ha registrado un mayor incremento de los pisos turísticos, emplazamientos como Madrid (+29%), Valencia (+40%) y Málaga (+29%). En dos de estas ciudades, como es el caso de Madrid y Valencia, sus consistorios han apostado por aplicar una moratoria en la concesión de licencias de pisos turísticos.
El profesor de ICADE de la Universidad de Comillas, Leandro Escobar, reconoce que la proliferación de este tipo de alojamientos, especialmente en los barrios más céntricos de algunas ciudades, obliga a expulsar a muchos residentes permanentes a otras zonas por la falta de oferta de vivienda. “Encontrar una fórmula de equilibrio es complicado” dice Escobar, por eso ahora se apuesta por este tipo de moratorias para así conseguir frenar la proliferación de este tipo de viviendas turísticas.
Explica Leandro Escobar, que encontrar una fórmula de equilibrio entre el binomio economía y acceso a la vivienda es complicado, de ahí que algunas administraciones públicas estén adoptando este tipo de medidas para tratar de facilitar el acceso a la vivienda para los residentes.
Cuando la vivienda se convierte en un privilegio
Un reciente informe del portal inmobiliario FOTOCASA señalaba que, a día de hoy, uno de cada cuatro propietarios prefiere convertir su vivienda en alquiler turístico a mantenerla en el mercado de alquiler convencional, debido a los altos niveles de beneficios registrados. Y es que los expertos señalan que en aquellas localidades en las que existe una mayor sensibilidad ciudadana y sobre todo, un mayor esfuerzo municipal en cuanto al control de las viviendas turísticas, el crecimiento de este tipo de servicios ha sido menor.
En Palma de Mallorca, por ejemplo, este incremento registrado en el primer trimestre del año supone un +6,1%, muy por debajo a los niveles previos a la pandemia. Además, el Ayuntamiento de Palma ha sido uno de los últimos consistorios en sumarse a la propuesta de poner coto a las nuevas licencias de pisos turísticos.
Esta situación, ha derivado en nuevos escenarios, donde el turismo deja de ser una oportunidad para convertirse un problema, como hemos visto recientemente en Canarias donde protestas ciudadanas han reivindicado un modelo turístico menos masificado. También en Baleares, desde hace años se ha ido gestando un movimiento vecinal y asociativo que reivindica limitar la llegada de turistas, para evitar tener playas masificadas o el incremento de los pisos turístico, que acaban por incrementar el precio de la vivienda, haciendo imposible acceder a un piso de alquiler, por ejemplo. Y es que en Baleares el precio de las rentas se ha incrementado un 15% respecto al año pasado. La situación más límite se vive por ejemplo en Ibiza, donde de media el precio de la vivienda de alquiler se sitúa en los 1.967 euros.
Un escenario que ha llevado a que diferentes entidades vecinales y asociaciones de Baleares se hayan reunido para impulsar desde hace tiempo una Plataforma que apuesta por un nuevo modelo turístico que se someterá a debate en el primer Congreso Turismo que se celebrará en las islas Baleares el próximo 26 de junio. Jaume Garau, es uno de los portavoces de Fórum de la Sociedad Civil y plantea el problema que supone la masificación del turismo en la islas que ha llevado a que muchos vecinos “ya no quieran más turismo, porque menos es más”.
Garau recuerda, que en Mallorca ya hace años que se ha abierto un debate sobre la posibilidad de limitar las llegadas de turistas, pero reconoce que para llevar a cabo esta fórmula se hace imprescindible contar con la administración, no sólo del Gobierno de España, sino también de las Instituciones Europeas. Unas fórmulas, dice, “para las que lamentablemente no estamos preparados”.
Recuerdan desde esta plataforma, las consecuencias que tiene la llegada masiva de turistas, que ha hecho que se disparen los alquileres turísticos y en último extremo ha provocado una subida del precio de los alquileres convencionales. Y es que el caso extremo lo protagoniza Ibiza, donde una habitación puede llegar a costar más de 1.000 euros al mes. Una situación que califican de inviable que hace que los mallorquines tengan serias dificultades para acceder a una vivienda, pero que además impide que profesionales que se necesitan para prestar servicios en las islas no puedan permitirse alquiler una vivienda, dejando a los ciudadanos de Baleares con menos servicios respecto al resto.
La vivienda se ha convertido casi en un privilegio. Una situación que ha llevado a muchos vecinos de las Islas a optar por vivir en una caravana ante la imposibilidad de acceder a un piso.
