Fomento ha señalado que la solución planteada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actúa de mediador en las negociaciones entre Gobierno, empresas y sindicatos, responde a elementos esenciales como el mantenimiento del cien por cien del empleo, la mejora de la productividad y un sistema de ayudas para la transición del modelo.
Peña ha propuesto elaborar una "normativa transitoria" que garantice la continuidad en el empleo y combinar la norma estatal con la negociación colectiva del sector. Por otro lado, Fomento señala que el acuerdo al que llegaron ayer las empresas y los sindicatos tendría un coste de 2.415 millones de euros para el Estado, ya que debería asumir la diferencia salarial entre los trabajadores nuevos y los subrogados y las jubilaciones anticipadas necesarias hasta lograr la reducción de plantillas deseada.
Según explica el departamento que dirige Íñigo de la Serna, esta cifra es "inasumible para el erario público", supondría una "enorme discriminación" frente al resto de trabajadores y está muy alejada de los 120 millones de euros del plan de ayudas inicial que planteó el Gobierno. El ministerio insiste en que la Comisión Europea no permite la subrogación por ley de los trabajadores.