Una vez aprobado el real decreto en Consejo de Ministros, se derivará a las Cortes, que ya están disueltas y tendrá que abordarlo la Diputación permanente en plazos ajustados, lo que pone en peligro su convalidación.
Rectores, estudiantes, los Consejos Sociales de las Universidades, empresas de formación y centros de FP rechazan la norma.
Multas de hasta 225.000 euros a las empresas
La propuesta acordada entre el Ministerio y los sindicatos, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.
El objetivo de esta norma es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.
