Finalmente, fue adjudicada a BBVA. Serra explicó que cuando llegó a la entidad, en marzo de 2005, ésta se encontraba en una etapa de gran expansión y brillante cuenta de resultados, aunque se dio cuenta de que su exposición al sector inmobiliario era excesivo y que la concesión de crédito crecía a un ritmo superior que la media de las cajas de ahorros.
Y ello, quiso dejar claro, a pesar de que la legislación catalana recogía que el presidente de una caja no tenía carácter ejecutivo. También subrayó que pese a las debilidades que observaba en la entidad, en absoluto encontré ninguna ilegalidad o práctica no ajustada a Derecho. En el otoño de 2006, expuso Serra, trasladó a la Diputación de Barcelona (entidad fundadora de la caja) y a la Generalitat de Cataluña la conveniencia de iniciar un cambio de rumbo en el grupo, lo que implicaba modificar la composición del equipo directivo.
Sin embargo, éstas consideraron que era mejor esperar, debido a los buenos resultados que presentaba la caja y a las dificultades de llevar a cabo los cambios sin consenso. En cuanto al Banco de España, señaló que pidió una reunión con el gobernador, aunque quien le recibió fue el director de Supervisión, a quien Serra le comunicó que había que desmontar la filial inmobiliaria de la caja (Procam) y que la inspección que en esas fechas había realizado el supervisor justificaba un cambio de rumbo y de su equipo directivo.
No fue ese el criterio del Banco de España, que insistió en mantener al director y sostuvo que era suficiente cumplir con las recomendaciones que le había efectuado, subrayó Serra. En este sentido, expuso que el Banco de España reconoció preocupación por la evolución de aspectos como la morosidad, la liquidez o el crédito al promotor, aunque no pedía cambios organizativos ni de actuación, pero sí recomendaba que los órganos de gobierno de la caja tuvieran perfecto conocimiento de estas operaciones.
El expresidente de Caixa Catalunya aseguró que al no contar con el consenso del Banco de España, comunicó en el verano de 2007 a la Diputación de Barcelona que abandonaría la entidad a final de año, por razones personales, si no había cambios antes de final de año, ya que lo consideraba imprescindible. La Generalitat y la Diputación, dijo Serra, accedieron y Adolf Todó fue seleccionado como director, para agregar que le esperaba una tarea arduaâ.
Todó, por motivos familiares, no se incorporó hasta febrero de 2008, aunque con urgencia impulsó un plan de choque y un plan estratégico. En este contexto, destacó la colaboración con el Banco de España, que respaldó las actuaciones que se llevaban a cabo. Serra lamentó que cuando había renovado el equipo directivo, aprobado el plan estratégico y el proceso de reforma de la actividad de la caja era un hecho, la quiebra de Lehman Brothers inició la mayor crisis financiera de los últimos 80 años y, con ello, se interrumpió un proceso que habría necesitado un mínimo de dos o tres años más para cumplir sus objetivos.
Según Serra, la consecuencia inmediata de la crisis fueron problemas de liquidez y se puso sobre la mesa la necesidad de recapitalizar la entidad. Fue entonces cuando se impulsó la fusión con las cajas de Tarragona y Manresa, un proceso que se alargó hasta julio de 2010. El Banco de España recomendó que la nueva caja fruto de la fusión cambiara de presidente, por lo que aceptó cesar en el cargo.
