El Gobierno ha convocado para hoy a los sindicatos de la Función Pública para constituir la Mesa General de las Administraciones Públicas y ratificar el cuerdo alcanzado con Comisiones Obreras (CCOO) y UGT para recuperar la jubilación parcial para los empleados públicos y estatutarios, según fuentes consultadas por Europa Press.
El Ejecutivo y los sindicatos de CCOO y UGT firmaron ayer el acuerdo por el que se recupera este derecho para los trabajadores públicos tras semanas de negociaciones.
Un acuerdo que ha tardado en llegar
La jubilación parcial es una modalidad de retiro que permite a los trabajadores compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la pensión. Este acuerdo cumple con una reclamación histórica enmarcada en el 'Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI', firmado con los mismos sindicatos, que termina el próximo 31 de diciembre y ha supuesto un incremento salarial acumulado del 9,5%.
Además, contempla que, al ser puestos previstos, esta fórmula de jubilación no genera costes presupuestarios adicionales.
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, valora positivamente este pacto: "Recuperamos un derecho suprimido con las medidas de ajuste y austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en el año 2012, al tiempo que eliminamos una asimetría injustificada con los trabajadores del sector privado".
Normas que hay que modificar para que entre en vigor
Según informó el Ministerio en un comunicado, el acuerdo prevé que la jubilación parcial en el sector público se adecúe a lo establecido en "la legislación de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, con las adaptaciones normativas precisas". Hasta que no se hagan los cambios precisos, no se sabrá cuándo podrán acceder los funcionarios a esta jubilación.
Las normas que deben cambiarse para que los funcionarios y estatutarios puedan pedir la jubilación parcial son tres: el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de Seguridad Social, que regulará la edad, la cotización y los grados de reducción de jornada; y la Ley de Clases Pasivas, referida solo a ciertos empleados de la Administración General del Estado, personal de seguridad y de Justicia.
CSIF no firmó el acuerdo
El sindicato CSIF no firmó este acuerdo ya que lo considera insuficiente y quiere centrarse tanto en la subida salarial de los funcionarios como recordar al Gobierno que tiene pendiente aprobar la próxima oferta de empleo público.
"Consideramos urgente que se comience a negociar la subida salarial del próximo año, un nuevo acuerdo salarial, la supresión de la tasa de reposición y una nueva oferta de empleo público para 2025 entre otras reivindicaciones, teniendo en cuenta que el Gobierno ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)", señaló ayer en un comunicado.
