La OCDE mejora la perspectiva de España pero advierte sobre las pensiones

En su informe semestral de perspectivas publicado hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumenta las cifras de crecimiento del producto interior bruto (PIB) español al 2,8 % en 2018 y al 2,4 % en 2019.

Eso supone, respectivamente, cinco y tres décimas más que lo que había anticipado en noviembre, una de las mayores correcciones de los países miembros, que un año más colocarán a España bien por delante de la media de progresión en la zona euro, del 2,2 % este año y del 2,1 % el próximo. Y netamente por delante de sus principales socios: Alemania (2,1 % tanto en 2018 como en 2019); Francia (1,9 % esos dos años) e Italia (1,2 %).

Las cifras de la OCDE sobre España van en la línea de las presentadas hace apenas unas semanas por la Comisión Europea (había estimado un 2,9 % en 2018 y un 2,4 % en 2019), con las del Fondo Monetario Internacional (2,9 % y 2,2 %) y con las del propio Gobierno (2,7 % y 2,4 %).

Una de las razones de esta revisión es que los autores del estudio consideran que se han contenido las consecuencias económicas de la incertidumbre política en torno a Cataluña, que en noviembre había empeorado. Detrás de esa recuperación "robusta y equilibrada" está el buen comportamiento del consumo privado, así como el tirón de la inversión y de las exportaciones, factores que se van a moderar este ejercicio y el que viene.

En cualquier caso, la expansión económica va a seguir permitiendo la reducción de la tasa de paro (la más elevada de toda la OCDE, a excepción de Grecia), que debería pasar del 17,2 % en 2017 al 15,5 % en 2018 y al 13,8 % en 2019. También continuará la disminución del déficit público, que tras el 3,1 % del PIB en 2017 caerá al 2,4 % en 2018 (dos décimas menos de lo estimado por Bruselas) y al 1,5 % en 2019.

A ese respecto, los autores del informe insisten en que para reducir el peso de la deuda pública (aunque disminuye desde 2016, seguirá siendo del 96 % del PIB en 2019) el Gobierno debería ajustarse a sus objetivos de medio plazo. Y ahí es donde para la organización resulta "clave" la aplicación de la reforma de las pensiones, cuya entrada en vigor ha quedado aplazada con el acuerdo que el Gobierno estableció con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para sacar adelante los Presupuestos de 2018.

Preguntado sobre esa cuestión, el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, hizo hincapié en que si su financiación no es viable a largo plazo, "alguien tendrá que pagar la factura", y si no es con cotizaciones, será con impuestos que amputarán el gasto público en otras partidas.

En declaraciones a Efe, Pereira recordó que esa reforma es consecuencia de que la gente puede vivir más tiempo, y que en otros países se aborda sobre todo con un retraso de la edad de jubilación, vinculada a la evolución de la esperanza de vida.

Más allá de las pensiones, sobre el riesgo de parálisis por el hecho de que el Ejecutivo no tenga mayoría para sacar adelante iniciativas legislativas, insistió en que la OCDE repite que "las reformas tienen que ser un estado de ánimo". Puntualizó que en el caso de España las más necesarias "no son duras", sino que se refieren en especial a la mejora del sistema educativo y de formación para jóvenes y adultos.

El conocido como el "club de los países desarrollados" incluye recomendaciones para hacer más efectivas las políticas de empleo y disminuir la dualidad mediante un mejor control de los abusos en la contratación temporal. En el terreno fiscal, la OCDE lamenta que siga demasiado basado en los ingresos del trabajo, lo que penaliza la actividad y el empleo, y señala que recurrir a impuestos medioambientales reforzaría el "crecimiento verde".