En un informe dedicado a las formas de corregir los serios problemas de productividad que arrastra la economía española desde hace décadas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también propone dar más facilidades para que los trabajadores puedan rescindir sus contratos de mutuo acuerdo sin perder el derecho al paro o a los servicios del desempleo.
Se trata de corregir algo que distingue a España de muchos otros países miembros, y es que al no tener derecho al paro o a esos servicios, están menos dispuestos a rescindir voluntariamente sus contratos y en paralelo aumenta el coste de despido para las empresas.
Sobre el tipo de contratos, los expertos que han elaborado el estudio se felicitan de que la reforma de 2021 haya "restringido considerablemente el uso de contratos de duración determinada", para los que había una "dependencia excesiva".
Si España era todavía en 2021 con un 20% el segundo país de la OCDE (sólo por detrás de Corea del Sur) donde más pesaban los contratos temporales, en el primer trimestre de 2023 el porcentaje había bajado al 15%.
El peso de los fijos discontinuos se ha duplicado
Alrededor de una quinta parte del aumento del empleo indefinido se ha debido al mayor uso de los contratos fijos discontinuos, que pasaron de ser un 2,7% del total en el primer trimestre de 2021 al 5,3% en el cuarto trimestre de 2022.
La OCDE reconoce que el formato de los fijos discontinuos ofrece más estabilidad laboral que el de los temporales, "pero no necesariamente más seguridad de ingresos", que varía en función del periodo de actividad y de la temporada. De ahí su recomendación para ir más lejos con los contratos indefinidos regulares.
El punto de partida del informe es que desde mediados de los años 1990 el crecimiento de la productividad en España ha sido muy mediocre si se compara con la media de la OCDE. En los últimos años del 0,5 % de media anual, frente al 1,2 % en la OCDE.
El problema es que los salarios no sólo han seguido esa misma senda de una menor progresión, sino que su evolución ha sido incluso peor, en parte por una pérdida del poder de negociación de los trabajadores o por otros efectos como la creciente concentración de ganancias de productividad en las empresas intensivas en capital.
Una baja eficiencia y una baja inversión
Detrás de esas malas cifras de la productividad están sobre todo una menor eficiencia en la adopción de tecnologías de producción y prácticas de gestión avanzadas por las dificultades de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización.
También a una caída de la inversión, especialmente acusada por la burbuja inmobiliaria a comienzos de los años 2000, que absorbió mucho dinero, así como por la exposición de los bancos al ladrillo.
Los autores del estudio insisten en que para reactivar la progresión de la productividad hay que "corregir los persistentes desequilibrios de cualificación que limitan la adopción de nuevas tecnologías", transferir recursos de las empresas menos productivas a las más productivas y abordar las disparidades entre comunidades autónomas en este asunto.
Eso pasa por atacar el abandono escolar temprano, ya que en España un 13% de los jóvenes de 18 a 24 años han dejado los estudios sin haber superado el primer ciclo de secundaria, frente a una media del 9% en la OCDE.
Igualmente por establecer vínculos más estrechos entre el sistema educativo y el mundo laboral, dirigir más estudiantes a la Formación Profesional y promover el aprendizaje durante toda la vida laboral (formación de adultos) para adaptar la mano de obra a las necesidades cambiantes del mercado laboral.
