La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado este viernes un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, tras más de cinco años de debates, ya que los trabajos para renovar las propuestas comenzaron en septiembre de 2016.
La renovación de estas recomendaciones supone el paso previo antes comenzar la reforma del sistema público de pensiones, para la que el Gobierno busca la unanimidad de todos los partidos políticos.
Mantener los principios de solidaridad, suficiencia y equidad
El texto incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema de pensiones, haciendo hincapié en que el Pacto de Toledo se opone a una "transformación radical" de este sistema que rompa con los principios de solidaridad, suficiencia o equidad. Asimismo, también se opone a que eventuales reformas afecten a los mismos.
Sobre la financiación del sistema, esta debe adaptarse a la protección del mismo y, aunque las cotizaciones sociales se mantengan como "fuente básica" de ingresos, se deben acompañar con otras vías para asegurar su sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones.
Recuperación del IPC para revalorizar las pensiones
Entre las principales novedades que aporta este acuerdo, se encuentra la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones -consenso que se alcanzó en la última legislatura hábil y que se ha mantenido en esta-.
También se incluye un plan de saneamiento de las cuentas -en un plazo de tres años, hasta 2023-, que consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para comenzar a asumir toda la factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Esta medida ya estaba comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.
Otra de las novedades alude a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlos por transferencias para así no aumentar la deuda del sistema.
Cálculo de la pensión y penalización a las jubilaciones anticipadas
En lo que respecta al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación que se marcó en la reforma de 2011 sobre el número de años necesarios para calcular la misma -hasta 25 años en 2022-, aunque apuesta por elegir los mejores años y así evitar lagunas de cotización que afectarían a la cuantía de la pensión.
Asimismo, el Pacto también respalda medidas para que sea la edad legal la efectiva de jubilación y recoge su preocupación por los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.
En este caso, se emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a dichas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos supuestos de inequidad. Esto se haría mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.
Esta recomendación es una de las reivindicaciones que trasladaron colectivos como la Asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones a personas que se vieron obligadas a jubilarse de forma anticipada por la crisis, tras haber acumulado largas carreras profesionales.
Planes complementarios de pensiones
Respecto a lo relativo a planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.
Por último, la Comisión también reconoce -en una recomendación sobre la digitalización de la economía- la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".
El Gobierno busca la unanimidad de todos los partidos
Según han confirmado fuentes parlamentarias, el PP habría vinculado su apoyo a esta reforma a que el Ejecutivo se comprometa a pactar con patronal y sindicatos en la Mesa del Diálogo Social el nuevo mecanismo por el que los autónomos cotizarán por sus ingresos reales.
Otros diputados del Pacto de Toledo han señalado, a su vez, que ERC podría abstenerse en la votación del martes y que también podría haber formaciones como PP y Vox que pudieran representar algún voto particular durante el debate en el Congreso.