En plena tormenta política por el llamado 'caso Koldo', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su continuidad frente al "ruido" y la "mentira" y desviado la atención sobre este asunto centrando su discurso en el problema de la vivienda.
Después de la multitudinaria manifestación de ayer en Madrid en defensa del derecho a la vivienda, el presidente del Gobierno ha asegurado que el ejecutivo trabaja para que la vivienda sea "un derecho para todos", aunque ha reconocido que "la situación es difícil" porque "los precios de los pisos no han parado de subir y la oferta es escasa".
En su intervención en la jornada inaugural del 'World in Progress Barcelona', ha anunciado el "reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler", así como el impulso de un "nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada".
Hay que reaccionar "con contundencia", ha dicho Sánchez, porque de lo contrario la sociedad española "acabará dividida" en dos clases: "No quiero una España de propietarios ricos e inquilinos pobres".
Por ello, ha subrayado, "el Gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda" y piensa desplegar "medidas contundentes".
Por otro lado, el jefe del ejecutivo ha pedido a todas las administraciones con competencias en vivienda que "arrimen el hombro", y ha llamado a que se aplique la Ley de Vivienda porque considera que ofrece herramientas muy útiles a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, en sus palabras.
Una medida ya adelantada por Vivienda
A principios de este mes, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ratificó por unanimidad con las comunidades autónomas el reparto de los 200 millones de euros de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven en la Conferencia Sectorial de Vivienda.
Fuentes de Vivienda indicaron entonces que esta subvención dirigida a jóvenes, que fija una ayuda de 250 euros al mes para cada joven durante un plazo de dos años, se aprobaría previsiblemente en Consejo de Ministros a mediados de este mes para poder empezar a funcionar en noviembre.
Se trata de la ampliación de una medida que ya se ha aplicado en 2022 y 2023 y que en esta convocatoria alcanza los 200 millones de euros, al igual que en las anteriores , ante "la falta de Presupuestos". Por tanto, el reparto entre autonomías se mantiene igual que en las últimas dos convocatorias.
Una emergencia social
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que ella desde que asumió la responsabilidad ha calificado la situación de "emergencia social", pero ha insistido en que desde el ejecutivo "estamos tratando de dar respuesta desde el Gobierno de España con absoluta determinación".
En una entrevista en TVE, Rodríguez ha defendido las políticas que está desarrollando el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda, como la regulación del mercado del alquiler, con la declaración de zonas tensionadas recogida en la Ley de Vivienda. En este sentido, ha destacado que en Cataluña, donde sí se está aplicando el tope al precio del alquiler por zonas tensionadas, se está reduciendo el recibo mensual en unos 100 euros, un 5% menos.
Preguntada por la reducción de la oferta de alquiler por la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, Rodríguez ha señalado que algunos de los contratos que antes estaban en el mercado residencial para vivienda habitual "están escapando para salvar esas garantías a los inquilinos en el contrato de temporada".
"Y por eso, inmediatamente, la semana pasada, llevé al Consejo de Ministros la regulación, conforme a los estándares europeos, de este tipo de contratos, para evitar estos fraudes y que no se puedan comercializar contratos en fraude de temporada para residencia habitual", ha apuntado.
En este sentido, ha explicado que su Ministerio está preparando un Real Decreto, "que será el primero en desarrollar el reglamento europeo", para abordar el fraude en los contratos de alquiler temporal, que estará listo antes de finalizar el año.
Esta normativa, ha añadido la ministra, cuenta con el respaldo de los registradores. "Vamos a ser pioneros en el desarrollo de un reglamento europeo que ya nos mandataba a regular este tipo de alojamientos que escapan del mercado de vivienda habitual, como lo son los alquileres turísticos, que también van a formar parte de esta regulación", ha subrayado Rodríguez.
Críticas al PP y a Ayuso
Asimismo, ha afirmado que se está trabajando ya en construir un parque público de vivienda, a fin de llegar a estándares europeos. "Eso está en marcha, multiplicando nuestra financiación, haciéndonos cargo de la colaboración público-privada", ha defendido.
"Hemos regulado el mercado del alquiler, estamos regulando los pisos turísticos, vamos a abordar los temporales y aquellos que defienden el libre mercado son los que ya pusieron los cimientos para traernos a esta situación, son aquellos que liberalizaron el suelo con la Ley de Aznar para aupar la especulación. Son aquellos que, con el esfuerzo de todos, vendieron esas viviendas a los fondos buitres. En definitiva, son aquellos, como la señora Ayuso, que dice que no hay que prohibir los alojamientos turísticos en una ciudad en la que sabemos que existen más de 13.000 alojamientos turísticos ilegales. Y son aquellos que quieren maquillar la promoción de vivienda pública", ha denunciado la ministra.
Madrid, responde que el Ministerio va lento
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha dicho que están a la espera de que el Gobierno central apruebe y convoque la nueva partida del 'bono joven de alquiler', censurando que "el Ministerio va lento" y "con retrasos" para este año.
En concreto, ha reprochado que "todavía no se ha aprobado la partida presupuestaria específica" para el abono joven de alquiler para los jóvenes madrileños para el 2024.
