El pasado mes de octubre, el Pacto de Toledo propuso nuevas recomendaciones en materia de pensiones. Una de ellas, incentivos para retrasar la edad de jubilación en nuestro país: respalda medidas para que la edad efectiva de jubilación se acerca a la legal, esto es, entre los 67 años o los 65 (en este caso, cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización).
Actualmente, la media de edad de jubilación en España es de 64,6 años. Para reducir ese gasto extra en pensiones, el Gobierno planea un endurecimiento a las jubilaciones anticipadas y más incentivos para las personas que sigan trabajando y retrasen así su edad de jubilación a la legal.
Según datos de la Seguridad Social durante el pasado año 2019, 120.011 personas se jubilaron entre los 54 y los 64 años, de las 303.394 jubilaciones en total en nuestro país. Esta cifra supone un 40% del total, número que el Gobierno quiere reducir al endurecer la prejubilación.
En 2018, el número asciende a 141.093 personas que dejaron de trabajar entre los 54 y los 64 años. La mayor cifra se da en los jubilados de 65 años -155.939 en 2019 y 161.030 en 2018-.
La cifra de jubilados entre los 54 y los 64 años ha ido reduciendo su bagaje con el paso de los años y la reforma de 2011, subiendo la media de edad de jubilación hasta 0,5 puntos en tres años.
El Gobierno no ha especificado medidas concretas sobre estas bonificaciones. Hasta ahora, el Pacto de Toledo ha alcanzado un acuerdo que aún debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados y cuya fecha de votación se prevé para mediados de este mes de noviembre.
En otros países de la OCDE, existen incentivos más altos que en España: Portugal ofrece una bonificación de entre el 4 y el 12% si se retrasa la edad de jubilación, Estonia un 10,8% o Reino Unido un 10,4%. Mientras tanto, en nuestro país el incentivo se encuentra entre el 2 y el 4%.
Las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo derivan en una penalización que perjudica a las cotizaciones más bajas y que varía según la base de cotización a la hora de aplicar la prejubilación.
Se trata de una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y cuyo cometido es hacer seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo de 1995, así como proponer nuevas recomendaciones en materia de pensiones.
Forman la comisión miembros de todos los partidos de la cámara, por lo que el paso por el Congreso se antoja un trámite a la hora de aprobar sus recomendaciones. Todos los partidos apoyaron el acuerdo en el mes de octubre, excepto Vox, que votó en contra. ERC y Bildu se abstuvieron.