En un escrito dirigido al titular del juzgado central de instrucción nº 4, Fernando Andreu, esta agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo afirma que los organismos supervisores "conocían perfectamente la verdadera situación de la entidad desde el mismo momento de la creación del Grupo BFA-Bankia".
Y sin embargo, autorizaron "todas y cada una de sus actuaciones y decisiones", entre ellas la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) que dio lugar a Bankia, la segregación de sus activos, la recompra de preferentes, las políticas retributivas y la salida a Bolsa.
En opinión de CIC, la supervisión consistió "más bien en impulsar el SIP y fomentar la salida a Bolsa de Bankia, colaborando a la perpetración de los delitos objeto de investigación, que no se podrían haber cometido sin la actuación del Banco de España y de la CNMV".
Por ello, solicitan al juez que declaren como investigados -lo que antes se conocía como imputados- Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 y máximo responsable de la creación del SIP, y Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV y consejero nato del Banco de España durante el proceso de constitución y salida a Bolsa, subgobernador del Banco de España desde 2012.
También reclama que declaren como investigados Javier Aríztegui, director general de Supervisión del Banco de España entre 2006 y 2009, exsubgobernador del organismo y expresidente de la Comisión Rectora del FROB, y Jerónimo Martínez Tello, que sustituyó a Aríztegui en Supervisión a partir de 2009.
Asimismo, solicita que declare como testigo José Antonio Casaus Lara, inspector del Banco de España que firmó el informe de inspección a Caja Madrid de 3 de diciembre de 2010, e insta al juez a pedir al Banco de España todos los informes relativos al ejercicio 2012 sobre BFA-Bankia.
El escrito recuerda que ya en su día declararon los responsables de la CNMV Julio Segura y del Banco de España Fernández Ordóñez, pero en un momento en el que no se disponía de toda la información, particularmente del informe realizado por los peritos cedidos al juez por el Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez.
Conocidos los informes de estos peritos, la CIC concluye que "existen sólidos y concluyentes indicios delictivos que apuntan a la responsabilidad de la CNMV y el Banco de España" en el caso que investiga la salida a Bolsa de Bankia, ya que dichos informes y el testimonio de Busquets y Sánchez acreditan "que los máximos responsables de dicha institución conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarlos".
El escrito menciona también dos informes elaborados por la unidad de apoyo a la fiscalía de la Intervención General de la Administración del Estado, uno de los cuales, con fecha 22 de marzo de 2013, constata que los informes de inspección reflejaban "innumerables irregularidades que jamás llegaron a trasladarse a los escritos de recomendaciones" elaborados por el Banco de España.
El juez Fernando Andreu ya atendió el pasado 19 de mayo una petición de CIC, al citar como investigados al representante legal de la auditora Deloitte y a su socio Francisco Celma.
