De acuerdo con el documento que este viernes están analizando los órganos de dirección de CEOE, UGT y CCOO, una vez se levante el estado de alarma podrán mantenerse los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor total o parcial con fecha tope del 30 junio, si bien la protección por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos se extenderá hasta el 31 de diciembre.
La fuerza mayor total implicará la exoneración del 100% de las cuotas sociales para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más empleados, mientras que la fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30% al 85% dependiendo de las circunstancias.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que el acuerdo para prolongar los ERTE más allá del estado de alarma es "muy beneficioso" para empresarios y trabajadores, además de "equilibrado".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario -que ha dado luz verde a esta extensión, así como a su flexibilización conforme a la recuperación de la actividad-, Díaz ha agradecido a patronales y sindicatos su trabajo para apoyar el acuerdo y por estar siempre "a la altura de las circunstancias": "Han sabido dejar las diferencias que puntualmente tienen para ponerse de acuerdo e intentar salvar a nuestro país".
Díaz ha explicado que una Comisión tripartita, formada por Gobierno y agentes sociales, evaluará cada dos semanas la situación y evolución de las empresas y decidirá cuáles de ellas necesitan del "acompañamiento" y la ayuda del Ejecutivo. Serán estas empresas quienes mantengan flexibilizadas las condiciones de los ERTE una vez termine el estado de alarma. Asimismo, ha confirmado que se mantiene la prohibición de despedir a trabajadores durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma.
Asimismo, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que hasta este momento unos 442.000 autónomos y pymes han solicitado el aplazamiento extraordinario de deudas tributarias, que ya se han concedido por un importe total de 2.440 millones de euros.
Montero ha recordado que esta medida -aprobada el 12 de marzo y que permite aplazar el pago de hasta 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros sin intereses- tiene potencial para beneficiar al 94 % de las pymes y el 99,8% de los autónomos durante la crisis del coronavirus.
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