PSOE y Unidas Podemos han acercado posiciones en cuanto a la futura ley de vivienda que prepara el Gobierno, con un principio de acuerdo para fijar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con la intención de movilizar los inmuebles vacíos.
Este martes se han vuelto a reunir los equipos negociadores sobre la nueva Ley de Vivienda, encabezados por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, en un encuentro en el que han acercado posiciones en torno al recargo del IBI a la vivienda vacía y la prohibición de los desahucios de familias vulnerables.
Por el momento, aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la cuantía de este recargo, aunque el propio ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, planteó en un borrador que pueda llegar hasta el 50% de la cuota del IBI. Esta cantidad deberán negociarla también con el Ministerio de Hacienda, con el que próximamente habrá una reunión para discutir los entresijos de la norma.
Desde el Ministerio de Transportes también plantean la necesidad de definir lo que se entiende como 'vivienda vacía', para facilitar el trabajo de los ayuntamientos a la hora de aplicar el recargo sobre los inmuebles desocupados. El PSOE considera que estarían sujetas a este impuesto las viviendas deshabitadas durante más de dos años sin causa justificada tasada por la ley y siempre que el propietario tenga cuatro o más inmuebles.
Avances en los desahucios
Los socialistas también acercan posiciones con el partido de Iglesias en materia de desahucios, a esperas aún de pulir la propuesta con el Ministerio de Justicia. La propuesta pretende facilitar una alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo".
Además, pretenden definir los criterios para identificar las situaciones de vulnerabilidad económica y social y agilizar los procedimientos de apoyo con los servicios sociales en caso de que fuera necesario.
Sin consenso sobre la regulación del alquiler
Por otra parte, la posición de ambos partidos acerca de la regulación de los alquileres aún sigue muy distante, con las negociaciones paralizadas por el momento y sin consenso respecto al futuro de la medida. Esta norma se ha convertido en el verdadero problema para sacar adelante a la ley, pues mientras Podemos exige una limitación de los alquileres a través de un índice oficial de precios, el PSOE aboga por regular a base de incentivos fiscales.
Lo mismo ocurre con el alquiler social, donde tampoco se han producido progresos sobre la responsabilidad que deben tener los grandes propietarios de vivienda en el marco de la futura ley. Unidas Podemos demanda que se establezcan una serie de obligaciones para los grandes propietarios y defienden rebajar el número mínimo de inmuebles que marca la frontera entre ser pequeño y gran propietario, mientras que el PSOE "continúa sin aceptar".
