Ione Belarra ha anunciado que Unidas Podemos presentará una proposición de ley para reformar el Código Penal y "perseguir" así a empresas de desokupación como Desokupa, a la que ha citado de manera directa y que ha definido como "comando parapolicial" que genera "aporafobia".
"Vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables", ha lanzado en un acto de la campaña a las elecciones del 28M en Alicante para apoyar al candidato Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca.
Desde la formación han indicado que el texto plantea perseguir expresamente a las personas y empresas que, movidos por el ánimo de lucro, "hostiguen, acosen, discriminen o intimiden" a personas en situación de vulnerabilidad. Esta reforma legal crearía un nuevo tipo que permitiría la disolución de organizaciones como Desokupa e impondría penas de hasta cuatro años de prisión a sus miembros.
¿Qué es y cómo actúa Desokupa?
La propia organización se define como especialista en "recuperar inmuebles mediando ante okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos o pisos compartidos". La empresa se fundó en 2016 y tiene una disposición nacional, habiendo realizado "más de 7.000 desokupaciones con éxito".
Así, su labor pasa por mediar entre el propietario y los okupas, aunque la empresa asegura que todo el proceso es "estrictamente legal", con un abogado presente yun estudio previo acerca de las condiciones que se dan en la vivienda en cuestión.
¿Cómo propone Podemos reformar el Código Penal?
La iniciativa se registrará este jueves y demanda que se eleve el reproche penal para los que "hagan negocio contra personas en situación de vulnerabilidad", y que conjugue elementos del delito de coacciones y del delito de odio.
En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 del Código Penal, para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a actividades de estas compañías.
Además, se establecería la disolución de las personas jurídicas (empresas) responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet.
