La directiva de conciliación europea aprobada en 2019 recoge, entre otros mínimos de permisos por nacimiento o cuidados, el derecho de cada trabajador a un permiso parental de cuatro meses antes de que el hijo cumpla 8 años.
De este permiso, dos meses no pueden ser transferidos y deben retribuirse, según especifica la directiva que daba un margen adicional hasta este mes de agosto para cumplir con esta última parte y que permite a los Estados encajar estos requerimientos en su marco legislativo, es decir, teniendo en cuenta los permisos ya existentes.
La ley de familias recogió ese derecho al permiso, pero no cómo y cuándo se iba a empezar a retribuir dejando a medias el cumplimiento de la directiva.
"La pelota está en el tejado del PSOE", dicen fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que no renuncia a que se remuneren cuanto antes esas cuatro semanas, aunque no ven que el socio de Gobierno tenga prisa por hacerlo.
Según explica el diputado de Sumar Carlos Martín Uriza, la directiva obliga a asegurar al menos 22 semanas de permisos retribuidos, 14 por nacimiento y 8 por cuidados antes de que el menor cumpla 8 años.
España cuenta actualmente con 19 semanas, 16 semanas por nacimiento y 3 semanas más por la acumulación del permiso de lactancia, un derecho que, desde el pasado mes, corresponde a todos los trabajadores y no solo a los que lo tenían en convenio.
Acuerdo de Gobierno y prioridad presupuestaria
"Estrictamente faltarían por retribuir 3 semanas más para cumplir con Europa, pero el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar recoge ampliar de 16 a 20 semanas el permiso de nacimiento y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso parental", recuerda Martín Uriza, encargado de liderar las negociaciones presupuestarias que arrancan en septiembre.
"Es una prioridad absoluta", añade el diputado de Sumar que no tiene dudas de que el PSOE cumplirá con los compromisos del acuerdo de Gobierno que recogía ese compromiso de garantizar el pago de 4 semanas, una medida cuyo coste puede rondar los 250 millones de euros por semana pagada.
La multa diaria por no transponer a tiempo la directiva puede rondar los 53.600 euros, señala Carlos Martín.
Desde el Ministerio de Hacienda no han entrado en detalles de la negociación presupuestaria en este tema.
Dudas e incertidumbre entre trabajadores y empresas
"La ley de familias recogió ese derecho al permiso pero sin articular cómo se iba a retribuir", explica la responsable del área de derecho laboral del despacho de abogados Vento, Catarina Capeáns, que ve claro el incumplimiento y recuerda que, además de recogerse en los Presupuestos, es necesario un desarrollo reglamentario.
"¿En qué porcentaje del salario se va a retribuir? ¿Quién asume el coste?", se cuestiona Capeáns.
"Estamos incumpliendo con Europa", lamenta Mamen Sánchez, asesora laboral en Adlanter, que cree que reconocer el derecho pero no concretar cómo y cuándo se iba a remunerar ha generado mucha incertidumbre entre empresas y trabajadores.
"Llega el verano y es cuando los padres más pueden necesitar estos permisos que no terminábamos de saber claramente si se iban a empezar a pagar o no desde el 2 de agosto", expone Sánchez.
"Hace meses que tenemos consultas de muchas empresas, se han generado expectativas", añade.
Que se incluyan en los Presupuestos es "señal" de que va a ser la Seguridad Social, es decir el Estado, quién se haga cargo del pago, pero habrá que hacer un desarrollo reglamentario para habilitarlo ya en todo caso para 2025.
