Pedro Sánchez ha anunciado en el foro 'Vivienda, quinto pilar del estado de Bienestar' 12 medidas para solucionar el problema de la vivienda en España. Una problemática que ha escalado varios puestos hasta convertirse en la primera preocupación de los españoles y, en concreto, de los jóvenes.
Sánchez ha reconocido que "aún queda mucho por hacer" y por eso ha basado las medidas en tres ideas fundamentales: "Más vivienda, más regulación y más ayudas para colectivos vulnerables".
La medida más importante es la exención fiscal del 100% del IRPF para los arrendatarios que alquilen sus pisos ajustándose al nuevo índice de referencia, aunque también destacan otras como limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros comunitarios no residentes.
Qué dice la ley tal y como está redactada actualmente
La reforma de la Ley del Suelo es una de las medidas de las que ha hablado el presidente del Gobierno. Su aprobación lleva paralizada meses, la última vez en el pasado mes de mayo por no reunir los apoyos suficientes. Es una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Según fuentes del Gobierno esta reforma busca frenarque se anulen los proyectos sobre los que recaigan denuncias por defectos menores y fácilmente solucionables en su planificación urbanística.
La normativa actual establece que cuando hay un defecto formal en un plan urbanístico, todo el plan se anula. Esto supone la paralización total de su aplicación y que todo el tiempo que se ha invertido en su planificación, que suelen ser varios años, se quede en vano.
Además de la paralización, la normativa establece que el plan que se aplica sobre el que se anula es el plan anterior, es decir, se produce una desactualización urbanística que, en ocasiones, va contra las necesidades del lugar donde se va a ejecutar el proyecto.
Qué busca solucionar el Gobierno con su reforma
Por lo tanto, para evitar estas situaciones, el PSOE ha propuesto reformar esta ley para que no se anulen por completo los planes urbanísticos cuando haya una denuncia sobre un defecto formal. El Gobierno propone que solo se anule el apartado al que la denuncia haga referencia.
Otro cambio que se propone es que aquellos casos que estuvieran ya incurridos en los tribunales y sobre los que se dictase una sentencia posterior, se aplique sobre ellos una subsanación. En concreto se les concedería un plazo de un año con posibilidad de prorrogarlo seis meses para corregir los aspectos del plan.
El Gobierno sin apoyos, incluso de sus socios
El PSOE por el momento no ha encontrado apoyos para llevar a cabo esta reforma cada vez que la ha presentado en el Congreso, ni siquiera por parte de su socio de Gobierno, Sumar. El partido de Yolanda Díaz en su momento dijo que consideraba que la reforma "favorece el pelotazo urbanístico".
Podemos, ERC y Junts han presentado enmiendas a la ley, por lo que para el PSOE va a resultar difícil lograr su apoyo. ERC ha explicado que el texto puede suponer "eventuales invasiones competenciales" mientras que Junts ha denunciado que la normativa "no contempla la participación de los entes locales". Por su parte, Podemos ha alegado que la reforma "solo ayuda a potenciar la especulación".
En cuanto al PP, en su momento negó el apoyo a la reforma para dar muestra de la debilidad parlamentaria del Gobierno, ya que Feijóo tras reunir a sus barones en Asturias ha propuesto una serie de viviendas entre las que se encuentra la Ley del Suelo. El líder del PP ha manifestado la necesidad de presentar "la inaplazable Ley del Suelo" para "impedir que se anule el planeamiento urbanístico completo por defectos de forma", "se facilite la gestión de suelo" y "se aporte agilidad administrativa en la emisión de informes sectoriales de las distintas administraciones públicas".
