El fututo sanitario de miles de funcionarios está en el aire. Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es una institución clave en el ámbito de la sanidad española. Desde su creación en 1975, Muface ha ofrecido a más de 1,5 millones de funcionarios públicos la posibilidad de elegir entre recibir atención médica a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras privadas, como Adeslas, Asisa o DKV. Actualmente, según datos del Ministerio de Sanidad, el 67% de los mutualistas opta por la sanidad privada.
El modelo de Muface se financia mediante conciertos públicos con aseguradoras privadas, a las que el Estado paga una cantidad fija por cada mutualista. Este sistema ha sido considerado durante años como una solución eficiente, ya que combina la flexibilidad para los funcionarios con un menor coste operativo para el Estado. Sin embargo, Sanidad cuestiona su viabilidad, argumentando que enfrenta retos estructurales y económicos.
Los motivos de Sanidad para eliminarlo
El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, plantea la eliminación gradual del modelo Muface, integrando a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según el informe "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud", este modelo es insostenible por diversas razones:
- Falta de equilibrio en el "pool de riesgos": el modelo depende de un balance entre los mutualistas que utilizan los servicios y aquellos que no. Actualmente, el 32% de los mutualistas tiene más de 65 años, un grupo que genera mayores costes médicos. Esto desincentiva la participación de las aseguradoras privadas.
- Falta de interés de las aseguradoras privadas: las empresas aseguradoras han solicitado un incremento del 40% en la financiación pública para cubrir los costes del servicio. Sin embargo, la oferta del Gobierno de aumentar el presupuesto en un 16% no fue suficiente, y el último concierto quedó desierto.
- Sobrecarga en la sanidad pública para casos graves: según Sanidad, los mutualistas que requieren tratamientos más complejos o costosos terminan siendo derivados a hospitales públicos, lo que crea un desequilibrio económico y operativo entre los dos sistemas.
El colapso del modelo
El pasado 8 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó un presupuesto de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, con un incremento del 16% respecto al concierto anterior. A pesar de esto, ninguna aseguradora presentó ofertas para gestionar el sistema, dejando el concurso desierto.
La negativa de las aseguradoras refleja las crecientes tensiones económicas del modelo Muface. Empresas como Adeslas, Asisa y DKV argumentan que las tarifas actuales no cubren los costes, especialmente considerando el envejecimiento de la población mutualista y el aumento de los precios en el sector sanitario.
