El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública prevé poner fin a la tasa de reposición en la Administración en 2025 para recuperar la plantilla perdida en la última década y atraer nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores procedentes del sector privado.
En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha presentado sus planes para transformar la administración pública, lo que pasa por impulsar las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial generativa, para prestar mejores servicios con una mayor evaluación de las políticas públicas y una plantilla reforzada.
El objetivo es incrementar la plantilla del sector público del Estado, que es todavía un 10 % inferior a la de los años de la crisis financiera, una tensión que además va acompañada de un notable envejecimiento, ya que el 60 % de los empleados de la Administración Central estará jubilado en 10 años.
¿Qué es la tasa de reposición de la Administración?
Para afrontar esta situación, el plan pasa por recuperar efectivos con la eliminación de la tasa de reposición -algo que no podría hacerse este año, pero sí plantearse para 2025- y distribuirlos en función de las necesidades de la cartera de bienes y servicios públicos en un entorno de mayor digitalización.
La tasa de reposición es la ratio que en función del número de bajas previas determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública. Durante los años de crisis, esta tasa llegó a caer al 10 % elevándose en estos últimos ejercicios hasta para alcanzar el 110 % como norma general en 2023.
Acabar con esta tasa supone poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados. "Es muy difícil defender esta tasa cuando hablamos de modernizar (...) necesitamos un nuevo modelo", ha incidido.
El proceso requiere también buscar y retener perfiles escasos, lo que implica implementar itinerarios de carrera para motivarlos, así como ofrecer una segunda carrera profesional a empleados 'senior' del sector privado con capacidad para gestionar proyectos de gran envergadura.
Acuerdo con agentes sociales para 2025
Escrivá ha señalado que confía en poder llegar a un acuerdo este año con los sindicatos de la función pública para poner en marcha estos nuevos planes en 2025.
El ministro también ha apuntado la importancia de ir a un sistema de retribuciones variables "vinculado a la meritocracia y los resultados".
En definitiva, se trata de abandonar la rigidez del sistema actual y favorecer tanto la formación de los empleados públicos para progresar en su carrera como fomentar la autonomía de los directivos públicos con el desarrollo de un estatuto.
Adiós a la cita previa obligatoria
Este cambio en las plantillas irá acompañado de una mayor digitalización de la Administración y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos, que permitirá automatizar tareas repetitivas, liberando así recursos, y permitiendo, por ejemplo, que un mismo funcionario resuelva dudas de distintas administraciones.
Junto a esta digitalización, se va a promover un cambio normativo para que no pueda exigirse obligatoriamente cita previa para relacionarse con la Administración.
El sistema avanzará hacia un modelo personalizado, accesible y omnicanal, es decir, que cada ciudadano decida por qué vía se relaciona con la Administración, que además será más comprensiva, ya que pretende agrupar la información por hechos vitales -por ejemplo, enumerando todos los trámites necesarios cuando se tiene un hijo- en lugar de por departamentos.
El objetivo último, ha explicado, es que la calidad de la administración pública española avance hasta situarse al nivel de los países más avanzados, como Finlandia o Países Bajos, para favorecer así el crecimiento económico, algo posible dada la buena posición en digitalización alcanzada gracias a las inversiones realizadas en los últimos años.
La transformación de la Administración parte de las reformas introducidas en el real decreto 6/2023, como la planificación estratégica de los efectivos, la reforma del sistema de acceso al servicio público o la creación de las carreras profesionales.
