La Ley de Vivienda es una de las leyes estrellas del Gobierno de coalición. Este miércoles entró en vigor después de que no prosperase ninguna de las enmiendas parciales ni las seis propuestas de veto en el Senado y tras ser publicada este jueves en el BOE, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Qué cambia con la nueva legislación respecto a los okupas
Las nuevas medidas que entran en vigor afectan directamente a los grandes tenedores al tiempo que se producen cambios en el desalojo de los okupas.
Estos son los cambios que se producen en el desalojo:
- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no podrán intervenir por sorpresa, tendrán que comunicar el día y la hora.
- Si el propietario del inmueble tiene que hacer todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda.
- Se desestimarán "las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante".
- Si el propietario es un gran tenedor: se le cancelarán todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractores que sean considerados vulnerables.
El sector inmobiliario carga duramente contra la ley
El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya la definió como un "incentivo" a la okupación y un "obstáculo" para que los propietarios recuperen sus viviendas.
De la misma opinión es el sector inmobiliario, que este jueves ha cargado duramente contra ella, asegurando que supone un ataque "en toda regla" a la propiedad privada. "Inseguridad jurídica", "una norma electoralista" y "apoyada por formaciones contrarias a la propiedad privada que dejan sobre la espalda del ciudadano lo que el Estado debería regular".
Así lo considera el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y su presidente, Gerard Duelo: "Es intervencionista y está desenfocada pues interviene en los precios de alquiler intentando establecer un control de rentas que promueve el intervencionismo sobre la propiedad privada, afectando sus derechos constitucionales y pretendiendo que aquellos que tienen una propiedad hagan el trabajo que tiene que hacer el Gobierno".
Según el sector, la ley va a reducir la oferta, va a expulsar a las familias del acceso al alquiler y además iguala a la okupación ilegal con los inquilinos que tienen problemas de pago. Declaraciones durísimas del sector inmobiliario sobre una ley que considera "populista" y que supone una inacción del Estado en un país que está a la cola en inversión en vivienda social.
