El economista Gonzalo Bernardos se ha pronunciado este miércoles sobre la polémica generada en relación al pago del IRPF por parte de los trabajadores que reciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El experto se suma de esta manera a la debate que ha dividido al Gobierno desde la publicación de esta información. Con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz por un lado, en defensa de la eliminación de la cotización y la titular de Hacienda María Jesús Montero por el otro, en pro del mantenimiento del gravamen.
El analistas económico publicó un post en la red social X en el que señalaba la "voracidad" de Montero al no querer ampliar el mínimo exento de cotización del impuesto y ha propuesto como solución generar una deducción de 300 euros a los que perciben el salario mínimo y a partir de ahora les sale a pagar el IRPF.
Choque en el Ejecutivo
La cotización de los salarios más bajos al impuesto sobre la renta se encuentra en el ojo del huracán después de los numerosos choques entre la ministra de Trabajo y la titular de Hacienda. Díaz afirmó que desconocía que la subida del SMI implicaba esta novedad hasta que fue publicado por la prensa, información que la parte socialista del Gobierno ha desmentido. Montero acusó posteriormente a Díaz de caer en discursos populistas al defender que las rentas más bajas deberían estar exentas del impuesto.
Díaz se mantuvo en su posición y afirmó que "los que se tenían que apretar el cinturón eran los que más tenían, no los que menos". Tras lo que la ministra de Hacienda abogó por realizar "pedagogía fiscal" y aseguró que los beneficiarios del SMI ya no solo subsisten con el último incremento del salario mínimo, por lo que se les tiene que aplicar una serie de "derechos y deberes" de cara a cumplir unas necesidades básicas.
Un alza del 4,4% rebajada por el impuesto
La nueva subida del 4,4% en el SMI aprobada por el Gobierno para el año 2025 lo sitúa en los 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros. El acuerdo para su aplicación lo alcanzaron a finales del mes de enero el Ministerio de Trabajo junto con los sindicatos UGT y CCOO y sin contar con el apoyo de la CEOE.
La subida es equivalente a 50 euros mensuales pero se vería perjudicada por la aplicación del impuesto, después de que Hacienda decidiese no elevar el mínimo exento. El gravamen afectaría a un 20% de los trabajadores, para los que se les aplicaría una retención de hasta 300 euros anuales en algunos casos lo que reduciría la subida salarial hasta los 21 euros mensuales.
