"El sueño de ser propietario de tu propia casa se ve lejos en una sociedad donde ahorrar es muy complicado, los alquileres son inaccesibles y los salarios están estancados", sentencia Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas de España.
Lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución Española (1978) es claro: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". No obstante, en la realidad de 2024, estas palabras parecen más una utopía que una garantía. En medio de alquileres desorbitados y una oferta escasa, este derecho constitucional está cada vez más fuera del alcance de la mayoría.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio del alquiler en España ha aumentado de 11,8 €/m² en octubre de 2023 a 13,0 €/m² en septiembre de 2024, lo que representa un crecimiento acumulado del 10,2% en un año. Este incremento es considerable, aunque se observa una leve estabilización y reducción del precio en los últimos meses del año, especialmente a partir de julio de 2024.
Por otro lado, según datos proporcionados por el portal 'Statista', el precio del alquiler en grandes ciudades como Madrid (18,7 €/m²) y Barcelona (17,4 €/m²) es significativamente más alto en comparación con regiones pequeñas o rurales como, por ejemplo, Extremadura (7,1 €/m²) y Castilla-La Mancha (7,1 €/m²). Además, las grandes ciudades muestran subidas anuales más pronunciadas, como en Madrid, con un +16%, mientras que las regiones más pequeñas tienen incrementos más modestos, aunque notables.
Pero, ¿cómo es posible que un derecho fundamental esté tan lejos de materializarse en ciudades como Madrid, Barcelona o, incluso, en localidades más pequeñas?
Actualmente, encontrar un alquiler asequible se ha convertido en una misión imposible, una carrera de obstáculos en la que los sueños de independencia se topan con muros cada vez más altos: precios desorbitados, requisitos desmedidos y una oferta reducida que no deja espacio para la esperanza. La situación del mercado inmobiliario ha cambiado drásticamente desde la crisis de 2008, pero el problema persiste, ahora bajo nuevas formas.
Ante esta situación, no son pocos los que se preguntan: ¿estamos fallando como sociedad a la hora de garantizar algo tan básico como un hogar? ¿En qué momento un derecho fundamental se ha convertido en un lujo inaccesible? ¿Es la búsqueda de estabilidad uno de los motivos principales de ansiedad y preocupación para la sociedad española actual?
Vuelve la crisis económica, aunque no de la misma forma
"¿Cuándo hemos aceptado que un derecho se convierta en un privilegio?", se pregunta Álvaro García, un joven madrileño que se mudó a Barcelona para trabajar en una discográfica. En su intento de independizarse, Álvaro se ha enfrentado a una realidad frustrante: "Encontrar un piso es complicadísimo, sobre todo por los precios. Lo más barato en Barcelona son unos 1.200 euros al mes, y te exigen nóminas de 2.000 euros o más".
Compartir piso tampoco fue la solución que esperaba: "A pesar de ganar cada uno 1.500 euros, nos pedían ingresos superiores a los 2.000 euros por persona. Aunque podíamos cubrir los costos, no cumplíamos con esos requisitos absurdos". Álvaro también intentó alquilar un estudio, pero con precios que oscilan entre 850 y 900 euros por 20 metros cuadrados, decidió buscar una habitación.
Sin embargo, la búsqueda de una habitación no es mucho más alentadora: "El precio medio es de 450 euros al mes y muchas veces no tienen lo básico, como un escritorio. Es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día", concluye Álvaro, que incide en que, actualmente, la vivienda es un privilegio muy difícil de alcanzar.
Pero la experiencia que comparte Álvaro no es un caso aislado. Alba Lluesma, joven valenciana de 27 años, se ha mudado a Madrid por motivos de trabajo y comparte su experiencia sobre un mercado de alquiler que "Parece estar en contra de los inquilinos". "Hay tantos factores que dificultan el proceso que no podría destacar uno solo," añade, y enfatiza que los requisitos como hipoteca, aval y nóminas complican aún más la situación.
La joven subraya que, a pesar de los altos precios, la calidad de los inmuebles es deficiente: "Me he encontrado con pisos que, aunque estén en condiciones mínimas (se caen las paredes, tienen colchas viejas, o son muy pequeños, de unos 20 metros cuadrados, donde la cama está enfrente de la cocina), siguen costando entre 600 y 700 euros, lo que me parece excesivo" Además, resalta la escasez de opciones disponibles: "Parece increíble, pero realmente creo que hay menos pisos en alquiler ahora que antes".
La disparidad entre ingresos y alquileres es otra de las preocupaciones de Alba: "Mis ingresos son bajos en relación con el aumento del coste de la vida. Mientras los precios de alquiler siguen aumentando, mis ingresos no lo hacen al mismo ritmo". Para ella, poder vivir sola implica pagar un mínimo de 1.300 euros al mes, lo que considera un sueldo completo. "Incluso si tuviera un sueldo de 2.500 euros, se me iría la mitad solo en alquiler, y no me parece aceptable en absoluto" sostiene. "La situación es insostenible", concluye.
¿Pero qué ha llevado a esta crisis habitacional? “En 2005-2006, antes de la crisis de 2007-2008, España construía más pisos que toda Europa junta”, señala Pich Rosell. La industria inmobiliaria era, en aquel momento, el motor del país, hasta que el mercado se desplomó. Hoy, más de una década después, se vuelve a hablar de vivienda, de promotores y constructores, pero la situación es muy diferente.
Según Pich, el problema de la vivienda en la actualidad no tiene una solución fácil. "La única opción es no agravar el problema o intentar paliarlo", dice. Mientras los alquileres suben en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en pequeñas localidades la situación es diferente, pero el foco está en los núcleos urbanos.
La presión de la demanda y el crecimiento de la población
El aumento de la demanda de viviendas en alquiler tiene múltiples causas. En primer lugar, el crecimiento de la población ha jugado un papel fundamental. “El año pasado se añadieron cerca de medio millón de personas al país, quizás más, debido también a la inmigración no regularizada. Este año, la cifra podría acercarse a los 700 u 800 mil”, comenta el presidente del Consejo General de Economistas de España. Este incremento poblacional no ha sido acompañado por un aumento equivalente en la construcción de nuevas viviendas, lo que ha intensificado la presión sobre la oferta disponible.
A ello se suma la creciente inversión de fondos internacionales en inmuebles y el impacto del turismo, que ha reducido aún más la cantidad de viviendas disponibles para uso residencial, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Este fenómeno ha provocado que el problema se agrave y que quienes buscan un alquiler asequible se enfrenten a un mercado saturado y sin suficientes alternativas.
La legislación y sus efectos colaterales: la nueva Ley de Vivienda
A esta situación, ya de por sí compleja, se suma el impacto de la legislación vigente. Según Pich Rosell, algunas de las políticas que se han implementado para proteger a los inquilinos han tenido efectos adversos. Las medidas de limitación de precios y las protecciones para inquilinos impulsadas durante la pandemia han desincentivado a muchos propietarios, que prefieren mantener sus viviendas vacías antes que enfrentarse a posibles complicaciones. "Si además hay problemas como la ocupación ilegal, tampoco hay incentivos para alquilar", añade. Esto se traduce en una menor oferta disponible en el mercado, lo que agrava aún más la situación.
Por otro lado, la inversión en vivienda por parte de la clase media se ha visto retraída, lo que ha tenido consecuencias directas sobre la oferta de alquileres. “El sector público prácticamente no ha hecho nada. Por lo tanto, si antes teníamos un problema, ahora tenemos más problemas y más conciencia de esos problemas”, concluye Pich Rosell.
Finalmente, el presidente del Consejo General de Economistas de España, hace especial hincapié en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 26 de mayo de 2023, que limita la subida anual de alquiler al 3% para 2024 y permite declarar "zonas tensionadas" donde los precios superan el 30% del salario medio. También introduce más control sobre grandes propietarios y hace que los gastos de gestión inmobiliaria los asuman los dueños.
Aunque algunos expertos como Rafael Alé, licenciado en Física y Doctor en Administración de Empresas y Economía, ven la ley como un avance para contener los precios y proteger a los vulnerables, otros especialistas en la materia, como Marta López, profesora de Economía y especialista en Administración de Empresas, advierten de problemas en su implementación, especialmente en regiones que no aplican las regulaciones de forma adecuada. "Muchos propietarios podrían retirar sus viviendas o evadir las restricciones", advierte López, lo que podría agravar la crisis.
