La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que los consumidores empezarán a notar la bajada de la factura de la luz derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno, como la reducción de la carga fiscal y el tope al gas para la generación de electricidad, en el recibo de julio.
"El primer recibo que llegará a nuestras casas desde el incremento de la rebaja fiscal y desde la creación del tope del gas será en julio. Estoy hablando de reducción relativa, con lo que hubiera sido en ausencia de estas medidas. En términos absolutos se puede producir una reducción menor para quienes tienen una tarifa PVPC (del mercado regulado) y una reducción más importante para quienes tienen una tarifa en el mercado libre", ha aseverado.
La ministra ha defendido, al igual que hizo recientemente en el Congreso de los Diputados, que de no haberse aplicado las medidas los precios del mercado eléctrico en España hubiesen sido un 15% superiores, al tiempo que ha añadido que si a ello se le suma la reducción del "80% de la fiscalidad y de los costes fijos" la bajada de la factura se sitúa en torno al 30%.
Asimismo, ha insistido en que en España el problema principal es de precio y no de falta de gas o de petróleo, mientras que en otros países del entorno europeo, como Alemania o Francia, tienen un "problema serio de suministro" debido a la situación de "máxima tensión" con motivo de la invasión rusa de Ucrania.
Impuesto a las eléctricas
Preguntada acerca de la creación de un gravamen para los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas, Ribera ha señalado que el Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta en coordinación con el área económica del Gobierno y que desde el Ejecutivo se espera que pueda estar operativa "a comienzos de enero de 2023".
"El elemento más importante en el que nos estamos fijando es que se graven los beneficios extraordinarios, por tanto, no algo que se pueda trasladar al consumidor. Se trata de incorporar una pauta justa de reparto de esta crisis, que no se traslade al consumidor y que no sean los mismos de siempre los que tengan que acabar sufragando estos costes tan extraordinarios", ha aseverado.
En ese sentido, el objetivo del Ejecutivo es agilizar el procedimiento de aprobación del gravamen en el Congreso a través de los grupos parlamentarios de la coalición de Gobierno.