En la sentencia conocida hoy, la sala de lo Contencioso-Administrativo apoya además la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada la autorización.
Con todo, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las plataformas Uber y Unauto, y anula la obligación de que estas compañías dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, al entender que "excluiría" a los pequeños empresarios.
En su recurso, la CNMC pedía la nulidad de tres preceptos del real decreto de 2015 al considerar que colocaba barreras que limitan la entrada y la capacidad de competir de los VTC, reduce la competencia en el transporte urbano de viajeros con conductor y afecta negativamente a los precios, la calidad y el bienestar general.
Durante la vista Uber y Cabify, como intermediarias entre usuarios y vehículos VTC, y la patronal de VTC, Unauto, entregaron y explicaron sus alegaciones ante el Alto Tribunal.
En la otra parte, Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital defendieron los postulados de aquel real decreto, en una causa en la que se han personado también la Gremial del Taxi, Élite Taxi y Fedetaxi, así como organizaciones del colectivo de taxistas españoles.