Según una nota informativa del presidente de la sala tercera del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, dicha decisión se ha adoptado teniendo en cuenta el "giro radical" en la jurisprudencia y en la "enorme repercusión económica y social" del fallo.
En su sentencia, únicamente aplicable a los actos jurídicos documentados vinculados a una hipoteca, no a la compraventa, los magistrados atribuían el pago del gravamen a los bancos y no al cliente, ya que son los prestatarios aquellos a quienes interesa esta operación.