El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, "ve margen" para llevar al Gobierno un acuerdo firmado entre patronal y sindicatos que recoja cómo aplicar en los convenios colectivos la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025.
En una entrevista con EFE, el líder de UGT ha asegurado que "vamos a discutir el cómo, no el qué" en las reuniones entre patronal y sindicatos que han comenzado esta semana a trabajar de forma paralela a la mesa de diálogo social convocada por el Gobierno para abordar la reducción de la jornada de trabajo.
En la última reunión tripartita, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO pidieron al Ministerio de Trabajo poder negociar la efectiva aplicación de la reducción, desde las 40 horas semanales actuales hasta las 37,5 horas en 2025, pasando por las 38,5 horas en 2024.
Este hito del Gobierno no forma parte del debate, ha dicho Álvarez, al tiempo que ha subrayado que España "lleva 40 años sin reducir el tiempo de trabajo legal máximo".
Pero sí ha apuntado la necesidad de ver con la patronal cómo llevar a los convenios colectivos esta reducción, con qué criterios repartirla en cómputo anual y otras cuestiones que preocupan mucho a las asociaciones empresariales sectoriales y territoriales.
"Esperamos poder convencer a la CEOE de que en España las jornadas son muy largas. No es necesario trabajar tanto para producir lo que producimos", ha dicho Álvarez, quien ha asegurado que "reducir el tiempo de trabajo puede tener como consecuencia una mejora de la productividad y de la propia competitividad de las empresas".
En este sentido, ha recordado que "somos de los países europeos que más horas tienen de trabajo presencial y no somos ni de lejos de los más productivos".
Acusa al Gobierno de "injerencias" ante el Consejo de Europa sobre el despido
Sobre una eventual reforma del despido, Álvarez ha señalado que fue UGT quién puso la demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa, al considerar que la indemnización en los despidos improcedentes en España no es resarcitoria de los daños causados ni disuasoria.
"El Gobierno tiene que dejar al Comité actuar sin ningún tipo de injerencia", ha reclamado Álvarez, que ha subrayado que el Ministerio de Justicia tiene que "dejar de meter la mano en la resolución para que se decida libremente".
UGT planteó a mediados de 2022 esta demanda ante la que el Gobierno presentó alegaciones defendiendo que la indemnización en despidos improcedentes en España, 33 días por año trabajado, es "adecuada" y permite resarcir al trabajador de daños y perjuicios así como disuadir al empresario, cumpliendo así con el artículo 24 de la Carta Social Europea.
Tras la fase ya concluida de alegaciones, el tema queda ahora solo pendiente de resolución.
"Ha estado mal que ponga palos en la rueda desde el principio (…) pero lo que no parece razonable es que en el proceso de resolución aparezcan mas injerencias", ha subrayado.
Para el líder de UGT la resolución europea puede servir para abrir un debate más amplio sobre el despido en España pero son "dos temas distintos" y en esa eventual reforma el Gobierno deberá plantearse si cuenta con el respaldo parlamentario necesario, así como negociarlo también con la patronal.
