El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, ha presentado su proyecto estrella de esta legislatura con el que pretende llevar a cabo la "modernización y la transformación de la Función Pública" de nuestro país. El objetivo es hacerla más ágil, más flexible para poder gestionar de forma más eficiente los trámites administrativos del día a día pero, sobre todo, en momentos puntuales como la crisis de la pandemia, el Plan de Recuperación de la Unión Europea, el reparto de los fondos europeos o del Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, una de las soluciones que se han puesto sobre la mesa es la creación de una "Unidad Operativa Transversal" compuesta por un equipo de funcionarios preparados para evitar que se formen cuellos de botella en cualquier parte de la Administración. "Necesitamos, yo creo, tener un pool de recursos en la Administración Pública, disponible para poder atajar este tipo de elementos sobrevenidos y dar flexibilidad y respuesta a la Administración", aseguraba esta semana el ministro en el Congreso.
Una transformación a todos los niveles
La intención de Escrivá es actualizar la Administración Pública, en todos los niveles: en el de los empleados públicos, en el de los ciudadanos y de la propia Administración.
Para mejorar la atención a los ciudadanos, se pretende crear una nueva "Agencia de Administración Digital" que aprovechará los recursos de la Inteligencia Artificial, además se reformará el portal www.administracion.gob.es. Esta web se organizará por "hechos vitales" para que los usuarios puedan localizar qué trámites deben cumplir si, por ejemplo, tienen un hijo. También será más accesible, con un mejor lenguaje más entendible, aunque se seguirán dando opciones para aquellos que no se manejen bien por canales on line para que puedan tener una atención en persona.
Para mejorar la aplicación de las leyes, se va crear una "Agencia de Evaluación de Políticas Públicas" que tendrá como objetivo comprobar, con criterios objetivos, qué resultado tiene una ley. en consonancia con lo que ya se hace en otros países europeos. Si, por ejemplo, cumple o no con los objetivos para los que se creó, y si están justificados los recursos que se han utilizado para ponerla en marcha.
