La otra finalista, la compañía canadiense Bombardier, tiene una fábrica en Gante que está precisamente en proceso de reestructuración con despidos incluidos y contaba con la sensibilidad del Gobierno flamenco para obtener este contrato.
Cuando se ha enterado que ha sido la compañía española la que se ha llevado los 320 millones de euros de este pedido, ha puesto una denuncia en los tribunales por irregularidades en la adjudicación.
