Los titulares de Economía y Finanzas de la UE debatieron hoy en el Ecofin por primera vez el paquete presentado por la Comisión Europea (CE) para tratar de cortar las fuentes de financiación a las que recurren los terroristas, que alude a la posibilidad de eliminar estos billetes muy utilizados en ambientes criminales.
"Creemos que sería muy importante explorar la posibilidad de retirar los billetes de 500 euros", aseguró el ministro español de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, en una rueda de prensa celebrada al término del encuentro del Ecofin.
"Los efectos beneficiosos desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de capitales, entre otros aspectos, serían muy positivos", subrayó, a la vez que añadió que sus "inconvenientes superan a sus teóricas ventajas".
De Guindos dijo que el dinero tiene tres funciones, entre ellas ser un medio de pago, pero el billete de 500 euros no la cumple y su retirada no tendría ningún impacto en la actividad económica normal.
La decisión, no obstante, corresponde al Banco Central Europeo (BCE) y no a los países o a Bruselas, por lo que el Ecofin pidió hoy formalmente a la Comisión Europea que aborde la cuestión con la entidad monetaria de la eurozona, teniendo en cuenta los informes de Europol que vinculan a los billetes con actividades ilegales.
"Hemos pedido a la Comisión Europea que dialogue con el BCE para considerar posibles medidas respecto a los billetes de alta denominación, particularmente los de 500 euros", dijo el presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem.
La idea es obtener unas conclusiones al respecto para el 1 de mayo, como muy tarde.
No obstante, "debe tenerse en cuenta que la circulación de billetes de 500 euros es competencia del BCE, por lo que, mientras abordamos esta cuestión, se debe respetar la independencia del BCE", recordó el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis. "Pero entendemos y compartimos la preocupación de las autoridades" nacionales, recalcó.
Los Veintiocho también acordaron "dar algunos pasos ya" para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, antes incluso de que se apruebe la propuesta legislativa en trámite, por ejemplo acelerando la aplicación de la revisión de las normas contra el blanqueo de capitales, explicó Dijsselbloem.
También "se mejorará aún más la cooperación en el intercambio de información entre las autoridades a cargo de la lucha contra la financiación del terrorismo", añadió.
Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea mostraron hoy su reticencia a adoptar medidas contra la evasión fiscal que sean más exigentes que las incluidas en los estándares acordados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los Veintiocho debatieron por primera vez la propuesta presentada recientemente por la Comisión Europea para impedir que las grandes empresas se beneficien de lagunas legales o de la planificación fiscal agresiva para reducir sus contribuciones.
Alemania inició la ronda de intervenciones para, como es costumbre, marcar una línea que luego fue apoyada por varios países como Luxemburgo, Reino Unido y Eslovenia, frente a la defensa que hizo el comisario europeo y exministro socialista galo, Pierre Moscovici, de su propuesta.
La iniciativa plantea transponer a la legislación europea el estándar acordado en la OCDE, para agilizar su aplicación y asegurar que se lleva a cabo de una manera uniforme en toda la UE, algo fundamental para evitar más resquicios legales que las empresas puedan aprovechar.
Este punto es aceptado por los Veintiocho, siempre y cuando no incluya nada que vaya más allá del estándar de la OCDE, tal y como subrayó el ministro germano, Wolgang Schäuble. Por ello, pidió adoptar una postura "realista" y trabajar en primer lugar en la parte relacionada con el estándar de la OCDE, y dejar en un segundo el resto de propuestas del paquete, que consideró difíciles de acordar.
Varios países mostraron también hoy su disgusto debido a que la Comisión no haya acompañado su propuesta con un análisis del impacto que tendría ponerla en marcha, así como sus reticencias ante la posibilidad de que se les exija a hacer pública cierta información fiscal de las empresas que consideran que puede ser sensible.
